Cartago, vista aérea
La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas drásticas tras descubrir irregularidades en procesos contractuales en la Alcaldía de Cartago, Valle.
En una decisión de primera instancia, el ente de control destituyó e inhabilitó por 18 años a la exdirectora técnica de procesos contractuales, Claudia Patricia Medina Gamba (2016-2017). La sanción también incluyó una suspensión de seis meses para Mónica Salazar Naranjo, quien se desempeñaba como secretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte en ese momento.
La investigación reveló que Medina Gamba direccionó tres procesos contractuales por un total de $2.306’754.026. Estos contratos involucraron a los siguientes contratistas: Induseñales SAS por $24’696.000, Corporación para el Desarrollo Social y la Calidad de Vida por $150’000.000, y Unión Temporal Alimentamos Valle, responsable de suministrar complemento alimentario y almuerzos para niños, niñas y adolescentes matriculados en instituciones educativas oficiales del municipio, por un monto de $2.132’058.026.
La Procuraduría evidenció que la exdirectora actuó con el objetivo de obtener beneficios personales y favorecer a los proponentes mencionados, incumpliendo los principios de selección objetiva y transparencia requeridos para la adjudicación de cada contrato.
Adicionalmente, se comprobó que Medina Gamba habilitó la única oferta presentada, la cual no cumplía con los requisitos del proceso de selección para la interventoría integral de un contrato de concesión. Esta misma falta se le imputó a Mónica Salazar Naranjo.
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Las faltas de la exdirectora fueron calificadas como gravísimas a título de dolo, y graves con culpa grave. En cuanto a la secretaria de Movilidad, Tránsito y Transporte, se le atribuyó una falta grave cometida con culpa grave. Se especificó que, en caso de que la disciplinada haya cesado en sus funciones, la suspensión se convertirá en salarios según el monto devengado al momento de la comisión de la falta.
La decisión de la Procuraduría está sujeta a un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
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