Desde el pasado 7 de enero, entró en vigor la resolución 001 de 2025 emitida por el Ejército Nacional, que suspende el porte de armas en el Valle del Cauca. Esta medida abarca tanto armas de fuego como traumáticas y tiene como objetivo reforzar la seguridad en la región, en línea con las políticas nacionales.
La Gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que quienes posean un permiso legal de porte de armas tendrán plazo hasta el 10 de febrero para renovar sus autorizaciones. Después de esta fecha, será obligatorio realizar el proceso de validación para mantener vigente el permiso hasta diciembre de 2025.
Según la mandataria, esta medida no es nueva:
«El porte ilegal de armas está prohibido en el Valle del Cauca y en Colombia desde hace varios años. Lo que quiso decir la Tercera Brigada es que las personas que tenían permiso hasta diciembre pasado se lo van a prorrogar hasta febrero, pero luego tienen que volver a renovar su porte legal de armas».
Sin embargo, la gobernadora enfatizó que «si las personas no renuevan el permiso, pues cuando haya un control por parte de la Policía o por el Ejército, van a acusarlos de porte ilegal de armas».
De acuerdo con los artículos 365 y 366 del Código Penal colombiano, el porte ilegal de armas conlleva penas de entre 9 y 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso. Esta norma aplica tanto para armas de fuego como para armas traumáticas, cuya circulación ha aumentado considerablemente en el país.
La resolución del Ejército incluye una excepción para el casco urbano de Buenaventura, donde la regulación del porte de armas es competencia de la Armada Nacional. En el resto del departamento, los permisos actuales tendrán una prórroga hasta febrero. A partir del 15 de ese mes, se implementarán mesas técnicas para validar las solicitudes de renovación.
La secretaria de Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca, Ana María Sanclemente, subrayó que esta decisión busca frenar la circulación de armas sin los debidos permisos:
«Esta estrategia implementada desde la nación busca evitar que ciudadanos circulen con armas de fuego sin los permisos que se requieren por parte del Ejército Nacional».
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La suspensión del porte de armas en el Valle del Cauca se suma a una serie de medidas adoptadas para enfrentar los desafíos de seguridad en la región. Según las autoridades, este tipo de resoluciones han sido clave para reducir los índices de criminalidad y prevenir delitos relacionados con el uso indebido de armamento.
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