«Barrios Unidos» deberá irse del Valle, pero también tendrá que responder por sus pésimos servicios

César Vallejo Restrepo | Cartago | 05 DIC 2017 – 12:29 am

«No es justo este trato para con los usuarios de Cartago y el Norte del Valle, lo que hace pensar que esta región nada les importa a los directivos de Barrios Unidos»

La situación de la EPS «Barrios Unidos de Quibdó en Cartago no puede ser peor. Y tampoco en otros municipios donde presta sus servicios porque ni siquiera en Pereira cuentan ya con credibilidad, hasta el punto de que no atienden sus pacientes.

Las alarmas por la crisis de Barrios Unidos las prendió la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres durante el acto de entrega de $2 mil millones al Hospital «Fundación San Juan de Dios» de Cartago.

Allí, en la ceremonia, la mandataria seccional acusó a Barrios Unidos de prestar un pésimo servicio en Cartago, negándoles la atención debida a los pacientes e incumpliéndoles con sus pagos a los distintos hospitales y clínicas, así como a los proveedores.

Debe irse

Toro Torres vaticinó que es necesario sacar a esta EPS del Valle del Cauca y se comprometió a que finalmente se tome esta medida, al dar a entender que la «copa se rebosó» y ya los usuarios no aguantan más.

Al mismo tiempo, la gobernadora de los vallecaucanos reveló que mañana miércoles llega a Cartago desde Bogotá una comisión de la Superintendencia Nacional de Salud para evaluar la situación y tomar una determinación en torno al pedido de la mandataria departamental.

Barrios Unidos de Quibdó le debe a todo santo una vela, pero además no obedece a las decisiones judiciales, y mucho menos a las tutelas, al punto de que acaba de ser sancionada por desacato.

Despido y Reintegro

Recientemente las directivas de esta EPS que tiene sus oficinas principales en Barranquilla, despidieron a su coordinador en la ciudad y demás municipios de la jurisdicción del norte del Valle, pero pocos meses después se obligaron a reintegrarlo al establecer las autoridades que se trató de una decisión injusta y violatoria de la ley.

El afectado entonces, médico Jaime Hernando Navia Madriñán, reasumió sus funciones pero en Barrios Unidos nadie lo respeta ni le hace caso, no establecen ninguna comunicación con él, y hasta las secretarias se oponen al acceso de personas que van en su búsqueda.

Navia Madriñán es como un cero a la izquierda, confinado a una oficina sin la capacidad de tomar decisiones, hablar con nadie y, mucho menos, impartir órdenes.

Desconocimiento

Los funcionarios de Barrios Unidos desconocen por completo a Navia Madriñán, porque según les han notificado las directivas desde Barranquilla, las facultades de este son ningunas y todos deben circunscribirse a una funcionaria que también hace las veces de «coordinadora».

A los funcionarios les han manifestado que el reintegro de Navia Madriñán obedeció única y exclusivamente al cumplimiento de una orden judicial, lo que este considera un irrespeto y una manifestación clara de acoso laboral.

Si bien es cierto al funcionario reintegrado le han cancelado sus dos últimos sueldos, otras obligaciones contraídas por la entidad con él, y producto también de fallos, no han corrido con la misma suerte.

Salud de Cartago

En concepto de la Secretaria de Salud del Municipio, Gloria Shirley Salazar, hay inconformidad con Barrios Unidos debido a que algunos servicios contratados con entidades de la ciudad ya les fueron cerrados o cortados por los reiterados incumplimientos en los pagos.

De acuerdo a Salazar, Navia Madriñán ha oficiado tanto a la gobernadora como a las Secretarías departamental y municipal para denunciar supuestas anomalías en esa EPS.

Es de anotar que recientemente la Supersalud dictó una media contra la EPS en mención sometiéndola a un riguroso seguimiento con el fin de obligarla a corregir falencias detectadas en su administración y manejo.

A la espera

La Secretaria Municipal de Salud advirtió sobre la necesidad de esperar a que sea la Superintendencia Nacional de Salud la entidad que finalmente decida si Barrios Unidos de Quibdó continúa o no en Cartago.

Salazar reveló que algunos servicios que presta la EPS de manera irregular son los relacionados con el suministro de medicamentos, especialmente los no pos, algunos temas que tienen que ver con pacientes oncológicos, citas en otras ciudades que no autorizan a los usuarios, sobre todos los que requieren atención en los niveles tres y cuatro.

Según Navia, la situación de esta EPS es compleja en cuanto a la red que en la actualidad soporta la prestación de los servicios, y los problemas administrativos de la entidad no permiten prestarlos de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Quejas

Existen múltiples quejas que han llegado hasta la gobernación sin que aparezca una solución clara que le dé viabilidad para que pueda permanecer en el Valle del Cauca donde cuenta con aproximadamente 76 mil usuarios.

En sí lo que ocurre es que la red está muy cerrada por problemas administrativos. Pereira que era un centro receptor importante de pacientes ahora es reacia a recibirlos.

El Hospital San Jorge de la capital de Risaralda no recibe sino urgencia vital, mientras que la Clínica de Comfamiliar solo presta el servicio por pago anticipado.

Pero también Radiólogos de Cartago les cerró el servicio, lo mismo que la Clínica Nueva y Calculáser.

Deudas

Al Hospital San Juan de Dios de la ciudad le adeudan $2.500 millones. Son muchos los inconvenientes para prestar un eficiente servicio, pero quizá la falencia mayor es la entrega de medicamentos.

De acuerdo a Navia existían tres proveedores de medicamentos, a saber: Medivalle, Farma entrega y Medical. Con la primera, es decir, Medivalle, se tiene cerrado el servicio por una deuda de $2.500 millones, Farmaentrega se fue de Cartago sin alcanzar a cobrar $600 millones, y Medical solo entrega lo que tiene en inventarios.

Es tal la situación que los pacientes que requieren, por ejemplo, insulina o cualquier medicamento no pos, ya sea por tutela o desacato no encuentran quién se los entregue. Esto pone en alto riesgo las vidas de los pacientes.

El flujo de caja no llega como debería ser, y como consecuencia de ello los proveedores no reciben sus pagos. Por eso, estos recurren a los cierres en la prestación de servicios para obligar a que Barrios Unidos les cancelen sus deudas.

Incomunicación

Los directivos de la EPS en Barranquilla no responden los mensajes ni las llamadas de Navia, manteniéndose una desesperante incomunicación.

Jaime Hernando Navia fue retirado de Barrios Unidos, sin justa causa, el pasado ocho de junio, lo que lo llevó a presentar una acción de tutela que un juez falló en su favor, y por eso su reintegro posterior.

Aunque la EPS apeló una y otra vez las decisiones judiciales, el fallo en favor de Navia se mantuvo. No obstante, el reintegro es casi simbólico porque las tutelas y los desacatos se incumplen de manera reiterada sin que se haga nada para ponerle coto a la situación.

Navia reconoce que no tiene acceso ni siquiera a la plataforma de la empresa, «no tengo cómo presentar un informe y nadie en la entidad me rinde cuentas de nada», dice.

Denuncias

Navia instauró una denuncia por acoso laboral ante el Ministerio del Trabajo, debido al desconocimiento de que es objeto, puesto que las directivas de Barrios Unidos han oficiado que es otra persona la real coordinadora y no él, aunque aparezca como tal. Otro proceso sigue su marcha por calumnia en la Fiscalía y otros son de orden administrativo.

Igualmente, Navia instauró una demanda laboral, pero es escéptico con las autoridades porque no hacen cumplir las tutelas y los desacatos. Y se pregunta cómo es posible que no se haya capturado un alto directivo de la EPS en Barranquilla contra quien pesa una orden de arresto por desacato, cuando todos los días va a su oficina.

«No es justo este trato para con los usuarios de Cartago y el Norte del Valle, lo que hace pensar que esta región nada les importa a los directivos de Barrios Unidos», sentenció finalmente Navia Madriñán, quien sigue a la espera de que le paguen los salarios retroactivos y otras mesadas por diferentes conceptos. 

Es que ni siquiera tuvieron en cuenta su condición de aforado, es decir, un funcionario con problemas de salud para despedirlo injustamente. Y como esto no lo consultaron con el Ministerio del Trabajo, también tendrán que pagar por esta nueva «metida de pata».