Para evitar que los despidan durante el inminente cambio de las administraciones Municipal y Departamental, varios de los empleados de libre nombramiento y remoción decidieron sindicalizarse. La modalidad no es nueva, lo nuevo es que serían políticos los que estarían promoviendo la práctica, que para muchos es “una vulgaridad”.
En 2011 se filtró que tres concejales motivaron a sus asesores a crear un sindicato cuya finalidad era mantener a sus ‘fichas’ en la Corporación. Así las cosas, y según cuentan, sus colaboradores no tuvieron que irse, además, lograron ampliar sus cuotas para mantener la estructura política que se requiere para trascender en el Concejo.
Uno de los involucrados en la promoción de sindicatos es el conservador Fernando Tamayo, quien negó rotundamente esa situación.
Explicó que en ese momento él intentó cambiar a sus asesores y estos se sindicalizaron. “Yo era el Presidente del Concejo y los demandé porque si son cargos de libre nombramiento, uno puede removerlos cuando crea conveniente”.
El cabildante sostiene que no rechaza las agremiaciones de trabajadores, pero considera que la sindicalización es “peligrosa” porque se está afectando el presupuesto del Concejo. Además, son seis los sindicatos que existen solo en esta Corporación y hay dos en proceso de construcción.
Pero el problema, según uno de los sindicalistas, no es que se creen más agrupaciones. Lo preocupante —agregó— es que muchos de los funcionarios ni siquiera están cumpliendo con sus labores. “Nadie les delega funciones. Es gente que no trabaja y aun así están recibiendo su sueldo”, precisa el hombre que pide reserva de su identidad.
También lo confirma el concejal Fabio Arroyave, quien presidió la Corporación en 2014. Dice que con esta situación se le hace un “daño” a las finanzas de Concejo porque hay que sacar un rubro especial de saneamiento fiscal adicional a la nómina. “Esos recursos podrían ser utilizados para papelería, mantenimiento, pero toca pagar una especie de ‘nómina paralela’ porque hay gente que ni siquiera tiene funciones delegadas”, asegura.
Así mismo, contó que durante su gestión fueron demandados quince empleados que se sindicalizaron porque “no se puede abusar de esa figura para perpetuarse en el poder”.
Pero los actuales concejales no son los únicos que estarían jugando al ‘carrusel sindical’. La maniobra ahora estaría corriendo por cuenta de aquellos que mantenían cuotas en entes de control y que por ley tendrían que pedirles la renuncia por haber resultado ‘quemados’ en las pasadas elecciones.
Una fuente de la Contraloría de Cali aseguró que los líderes de la sindicalización son los actuales concejales de Cambio Radical Noralba García, quien por su resultado en las urnas no logró conservar su curul; el conservador Harvy Mosquera, que no quiso repetir, y el exconcejal Milton Castrillón, que se lanzó por tercera vez a un cargo de elección popular, pero no lo consiguió.
“Esa figura se va a volver popular y, en cierta medida, lo entiendo. Las personas necesitan el sustento para sus familias. Sin embargo, eso es un arma de doble filo porque hay quienes se meten al sindicato sin ni siquiera saber cómo funciona y cuáles son los derechos por los que hay que pelear. Simplemente lo hacen por una medida de fuerza mayor”, explica otro de los empleados de la Personería de Cali, donde hay 102 empleados con fuero.
Al respecto, Milton Castrillón respondió que es la primera vez que escucha de esa situación. Reconoció que sí tiene cuotas dentro de la Administración Municipal, pero son personas que no tienen fuero sindical y llevan más de 15 años en sus cargos. “En nuestro grupo político no hemos mandado a hacer nada a nadie, desconozco lo que esté sucediendo, pero esa no es mi forma de trabajar”.
Si en el Municipio llueve…
El gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, aseguró que desconoce la supuesta sindicalización de funcionarios del Departamento, pero dicen dentro del Palacio de San Francisco que él y su asesor José Luis Arcila estarían promoviendo la figura con los empleados que llegaron con él a la Administración.
Incluso, en el último mes se habrían creado dos grupos con hasta 62 personas. “Se trata de gente que trajo el Gobernador. Como ya amarró a los gerentes de varias empresas, lo está haciendo con sus cuotas”, denunció un funcionario que pidió la reserva de su identidad.
Fernando Alexis Jiménez, fiscal del Sindicato Unitario de la Gobernación del Valle, confirmó los dos nuevos sindicatos. Y calificó el hecho como una “vulgaridad”.
Explicó que estos casos funcionan como un carrusel donde los diez empleados titulares del sindicato quedan protegidos durante seis meses y luego se rotan para que sus compañeros obtengan el beneficio.
“No son personas que están en la lucha sindical. Simplemente están cuidando un puesto”, sostuvo.
Comentó que el sindicato del que es directivo está conformado por el 30% de los empleados del Departamento (237), por lo que insiste en que los otros sindicatos de 25 miembros son un “escampadero”.
Y es que, según las normas sindicales en el país, una organización de este tipo puede ser conformada en cinco minutos, pero para retirarlos debe ser a través de un proceso especial ante un juez, que normalmente tarda más de un año.
Frente a este caso, María del Pilar Carvajal, directora de Gestión Humana de la Gobernación, dijo que solo tiene el registro de un nuevo sindicato y que sus directivos son funcionarios de carrera administrativa, profesionales especializados y solo dos de libre nombramiento. “No sé si llegaron con el Gobernador porque me queda difícil preguntarles a todos los empleados su filiación política”, sostuvo.
Otro integrante de un sindicato del Departamento defendió al Gobernador y dijo que la vinculación de políticos es “una cacería de brujas”.
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