En la instalación de las sesiones ordinarias del Concejo municipal, el Alcalde de Cartago Álvaro Carrillo, hizo una exposición sobre los presuntos hechos delictivos ocurridos en la vigencia 2010 y 2011, hechos que ya habían sido informados hace un año por la Contraloría y por los medios de comunicación, noticia que RCN Televisión volvió a reinformar, con ocasión del nuevo informe de la misma contraloría de la auditoría del año 2012 y realizada en este año.
Ante el Concejo Municipal, dio a conocer el presunto maquillaje de los informes financieros del municipio para acceder a créditos y como fueron retirados de las cuentas bancarias 36 mil millones de pesos de manera irregular, como también la presunta falsificación de documentos para demostrar buena gestión económica que le sirvió al ente territorial ascender a la tercera categoría.
Dio a conocer además, la forma como su administración municipal ha realizado estrategias económicas para salir de la crisis en que quedó el municipio de Cartago.
Es de conocimiento público que el municipio de Cartago ha sido muy vulnerable en su patrimonio por parte de sus administradores
Es de conocimiento público que el municipio de Cartago ha sido muy vulnerable en su patrimonio por parte de sus administradores, desde años atrás. Actualmente se siguen investigaciones disciplinarias y penales por estos hechos.
No solo el municipio ha presentado problemas en su patrimonio durante los años 2010 y 2011 en los gobiernos de German González, Víctor Hugo Guevara y Nancy Elena Cardona, de acuerdo a la auditoría de la Contraloría en el año 2012 en el gobierno del actual Alcalde Álvaro Carrillo no aparecen 5.800 millones de pesos que sería el monto del detrimento patrimonial. Este daño patrimonial, según el órgano de control fiscal tendría su origen en el manejo irregular de los dineros públicos en el ente municipal. Además de la pérdida de cheques desde la caja fuerte de la Tesorería por dos ocasiones, sin que hasta el momento hayan dado las explicaciones a la comunidad.
Los presuntos daños patrimoniales evidenciados por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, durante la Administración pasada y la actual, son materia de investigación disciplinaria y penal.
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