El Gobierno Nacional adjudicó 582 hectáreas a familias víctimas, pero autoridades locales advierten que la tierra es infértil, la decisión frena megaproyectos y se amenaza el bosque seco tropical Guásimo.
¿Por qué hay polémica por la entrega del predio Miralindo en La Virginia, Risaralda?
El Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Agricultura y Defensa, entregó 582 hectáreas del antiguo lote narco Miralindo, en La Virginia, a 10 asociaciones campesinas y cerca de 40 familias víctimas del conflicto. Sin embargo, autoridades de Risaralda y la Carder rechazan la medida, argumentando falta de concertación, extrema pobreza en los suelos, amenaza al bosque seco tropical Guásimo y la cancelación definitiva de megaproyectos estratégicos como la Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC), una sede del SENA y el traslado del Batallón San Mateo.
Tierra arrasada, suelos ácidos y pastos que a duras penas alcanzan los diez centímetros de altura. Ese es el panorama físico de un inmenso predio que hoy se encuentra en el ojo del huracán en el occidente de Colombia. Mientras en Bogotá se aplaude la entrega del lote Miralindo como un triunfo histórico de la reforma agraria y la reparación social, en Risaralda la decisión cayó como un balde de agua fría, desatando un profundo choque institucional entre el poder central y el territorio.
La historia de estas 582 hectáreas, ubicadas estratégicamente en el municipio de La Virginia, está marcada por la sombra del narcotráfico. Tras permanecer más de una década bajo la administración del Ministerio de Defensa, el Gobierno decidió devolver estas tierras a manos campesinas. En un acto simbólico, decenas de familias víctimas del conflicto armado recibieron los títulos de propiedad, soñando con sembrar un nuevo futuro.
“Son bienes provenientes del narcotráfico, resultado del acaparamiento de tierras y de hechos que costaron muchas vidas. Nuestro compromiso es impulsar la Reforma Agraria que necesita Colombia para convertirse en una gran potencia agroalimentaria”, señaló con entusiasmo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, durante la entrega.
A sus palabras se sumó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien sentenció que la tierra debía regresar a quienes verdaderamente la trabajan, descartando de tajo su uso para instalaciones militares.
El choque con la Gobernación y los megaproyectos sepultados
Pero la ilusión campesina chocó de frente con la planeación regional. Para las autoridades de Risaralda, la adjudicación se hizo a puerta cerrada y con el acelerador a fondo, ignorando años de mesas técnicas.
El secretario de Gobierno departamental, Israel Alberto Londoño, alzó la voz ante lo que considera una falta de respeto a la institucionalidad local. El reclamo de Londoño tiene un peso inmenso para la economía regional: con esta entrega, quedan prácticamente en el limbo proyectos estratégicos que prometían cambiarle la cara al Eje Cafetero.
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La decisión sepulta la construcción de la anhelada PLEC, bloquea la edificación de una sede regional del SENA y frena indefinidamente el traslado del emblemático Batallón San Mateo, iniciativas que la región venía estructurando precisamente sobre los terrenos de Miralindo.
La dura advertencia de la Carder
El debate trascendió lo político y tocó la fibra ambiental. Para Julio César Gómez, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), entregar esta tierra para la siembra raya en la irresponsabilidad técnica.
“Esos son suelos que han estado dedicados a la ganadería por más de 50 años, son ácidos, compactos, muy empobrecidos. En esos sectores hace más de ocho años no echan una vaca y si usted mira, los potreros no han subido a 10 centímetros; son unas tierras muy pobres, que les falta mucho trabajo”, advirtió tajantemente el director ambiental.
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Gómez encendió una alarma aún mayor: la vocación agrícola en esta zona específica podría ser la sentencia de muerte para el bosque seco tropical Guásimo, el único ecosistema de este tipo que sobrevive estoicamente en todo el departamento de Risaralda.
Aunque desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se defendieron asegurando que el ecosistema no será tocado y que habrá restricciones de construcción de vivienda en el lugar, la incertidumbre ya está sembrada. Ahora, 40 familias campesinas tienen el titánico reto de intentar hacer florecer la esperanza en una tierra endurecida por medio siglo de ganadería y rodeada de una espesa controversia política.
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