El Juzgado Décimo Penal Municipal ha emitido una orden de arresto por cinco días contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, y la secretaria de Desarrollo Social y Político (e), Diana Cristina Grisales Calvo. Esta medida también incluye una multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La decisión judicial es consecuencia de una acción interpuesta por un grupo de ciudadanos cuyos derechos fundamentales, como la dignidad humana, igualdad, seguridad social y salud, fueron vulnerados dentro del programa ‘Granja Habitante de Calle’ en Pereira.
Al respecto, el fallo del Juzgado Décimo Penal Municipal destaca la responsabilidad personal del alcalde y la secretaria de Desarrollo Social (e), calificando su actitud como negligente, descuidada y relajada. «Indicaron que no estaban dispuestos a asumir los deberes legales ni colaborar con la administración de justicia. Tampoco esbozaron una justificación real que ampara su actuar y hoy, pese a los esfuerzos del juzgado para lograr el cumplimiento de la sentencia, sigue la flagrante vulneración de las garantías fundamentales de la población habitantes de calle», señala el documento.
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El alcalde Salazar Peláez ha expresado su desacuerdo con la orden, argumentando que el programa actual es ineficiente y no lo implementará bajo las mismas condiciones. El mandatario de la capital de Risaralda indicó estar dispuesto a asumir las condiciones del fallo si este lo obliga a mantener el modelo actual. No obstante, propone establecer un albergue temporal con un costo más bajo. Los recursos ahorrados se destinarán para apoyar a niños y adultos mayores que enfrentan dificultades alimenticias, aseguró.
El burgomaestre también mencionó que actualmente se encuentran en proceso varios proyectos y contrataciones que serán ajustados para mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios a las comunidades vulnerables de la ciudad.
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