Habrá mayor vigilancia al proceso electoral: Procuraduría

La Procuradora General de la Nación (PGN), Margarita Cabello Blanco, activó en Pereira, los Comités Regionales de Control Electoral del Ministerio Público, que realizarán acompañamiento y vigilancia en la temporada de elecciones que se avecina, y advirtió que el órgano de control estará vigilante de las actuaciones de los funcionarios públicos antes, durante y después de los comicios.

“Cuidado con la participación en política, con la trashumancia electoral y con las actividades que puedan poner en riesgo las actuaciones de los funcionarios públicos”, agregó.

En su visita institucional a la capital de Risaralda, la jefe del Ministerio Público presentó la iniciativa de vincular hasta 400 jóvenes a la Entidad como parte del proceso de vigilancia electoral. Es así como la Procuraduría abrirá la próxima semana la convocatoria dirigida a los estudiantes de derecho que deseen realizar la judicatura ad honórem en la PGN, para hacer parte del grupo juvenil que será capacitado y formado en control electoral por el Ministerio Público.

“Los vamos a preparar para que no solo esos judicantes se gradúen en derecho, sino que salgan como expertos en derecho electoral”, añadió Cabello.

Señaló que los comités regionales y provinciales tendrán a cargo la responsabilidad de generar las alarmas necesarias para garantizar los derechos electorales de los ciudadanos, así como entregar prontas respuestas a las quejas y denuncias presentadas por las presuntas irregularidades que se puedan presentar en el proceso.

“Debemos estar al lado de los ciudadanos. Nosotros como fiscalizadores estaremos activando esas alarmas, informando y procediendo con las actuaciones correspondientes”, expuso la Procuradora.

Casos en Risaralda

A los medios de comunicación la Procuradora General dio a conocer la tutela interpuesta por el Ministerio Público en defensa de los derechos fundamentales de 5.980 niños y niñas de Dosquebradas, que fueron excluidos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio.

Así mismo, se refirió a la reciente decisión de la Sala Disciplinaria de la Entidad que sancionó con separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general a tres suboficiales del Ejército Nacional por la irregular ocupación de la institución educativa de Pueblo Rico, Risaralda, donde se habría cometido la agresión sexual contra una menor de 12 años de la comunidad indígena Embera Katío.

Frente al proceso por el acceso carnal violento y el secuestro simple agravado de la menor de edad de la comunidad Embera Katío, la Procuradora explicó que actualmente la Sala Disciplinaria estudia el fallo de primera instancia que destituyó e inhabilitó por 20 años a siete soldados del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” de la Octava Brigada del Ejército Nacional, para tomar la decisión de segunda instancia.