ArmeniaJusticiaNacionalQuindío

Admiten tutela por presuntas irregularidades con cámara de fotomultas de la vía a Armenia-Montenegro

Juzgado admitió tutela que busca suspender los comparendos en el sector del Gasoducto y devolver el dinero a los conductores; la Procuraduría también recibió denuncia contra el alcalde Gustavo Pava Busch.

¿Frenaron las fotomultas en la vía Armenia-Montenegro tras la tutela contra la Alcaldía?

Todavía no. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro admitió el martes 17 de noviembre de 2026 una acción de tutela que busca suspender los comparendos en el kilómetro 6 de la vía Armenia-Montenegro y devolver el dinero cobrado, pero la medida aún está en estudio.

La jueza María Alejandra Zuluaga Montoya dio un plazo de dos días a la Alcaldía de Montenegro, al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a otras entidades vinculadas para entregar contratos y permisos antes de fallar.

En el kilómetro 6 de la carretera que comunica a Armenia con Montenegro, a la altura del sector del Gasoducto, un vehículo cubierto con una carpa permanece estacionado a un costado de la calzada sin conos ni avisos previos de retén. Desde ese punto opera el dispositivo electrónico que registra placas por exceso de velocidad, adelantamientos en sitio prohibido o vencimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y de la revisión técnico-mecánica. Los carros siguen de largo sin ser detenidos. Días después, los comparendos aparecen cargados de manera automática como «notificados» en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) a nombre del propietario del automotor.

Esa modalidad de cobro entró ahora en revisión judicial. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro, a cargo de la jueza María Alejandra Zuluaga Montoya, admitió el martes 17 de noviembre de 2026 una acción de tutela presentada por una veeduría ciudadana contra la administración del alcalde Gustavo Pava Busch. El recurso solicita suspender de inmediato las sanciones en ese corredor del departamento del Quindío y ordenar el reintegro de los dineros pagados por los conductores, al señalar presuntas vulneraciones al debido proceso, la libre locomoción y el derecho al trabajo.

Plazo de dos días para entregar permisos y estudios de las fotomultas

Para verificar la legalidad de la operación, el despacho judicial vinculó al trámite a la Alcaldía de Montenegro, la Corporación Nacional para el Desarrollo Colombiano (Corponadecol), el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Federación Colombiana de Municipios. Todas estas entidades recibieron un término perentorio de dos días para allegar copias íntegras del contrato, certificados de calibración de los equipos, estudios técnicos, permisos y protocolos de notificación.

El juzgado fijó una advertencia directa por este plazo. Si las autoridades vinculadas guardan silencio dentro del término establecido, el despacho aplicará la presunción de veracidad y dará por ciertos los hechos denunciados por la veeduría ciudadana.

Un contrato de $2.400 millones y una meta de recaudo diario

El eje financiero de la controversia radica en un contrato interadministrativo firmado de manera directa entre la Alcaldía de Montenegro y Corponadecol. De acuerdo con el expediente de la tutela, el acuerdo estipula que el contratista recibirá el 70 % de los recursos recaudados por concepto de multas hasta alcanzar un tope de $2.400 millones entre el 2 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026.

Según los cálculos expuestos por la veeduría ante el despacho, cubrir esa suma en un lapso cercano a los 122 días exige recaudar alrededor de $19,6 millones diarios. En la práctica, el documento judicial sostiene que el esquema carece de compromisos efectivos en educación o cultura vial antes de recurrir a la sanción económica.

Falta de aval del Invías y reparos al procedimiento en la vía

Aunque el operativo funciona sobre una carretera nacional, la entidad administradora del corredor negó haber autorizado la intervención. Mediante la respuesta a un derecho de petición fechada el jueves 12 de noviembre de 2026, el Invías Territorial Quindío confirmó oficialmente que no otorgó ningún permiso a la Alcaldía de Montenegro para instalar señalización ni ejecutar ese tipo de controles en la vía. El permiso vial nunca fue expedido, y el instituto nacional ya había oficiado a la Secretaría de Gobierno municipal para pedir explicaciones sobre los trámites adelantados.

A la ausencia de autorización vial se suman cuestionamientos técnicos sobre la señalización y la forma de notificación. La denuncia advierte que la señal reglamentaria de límite de velocidad a 60 kilómetros por hora (SR-30) fue instalada sin cumplir las resoluciones del Ministerio de Transporte que exigen estudios previos de señalética y metodologías técnicas específicas para fijar topes en carreteras del país.

Le puede interesar: Cámara de fotomultas en la vía Montenegro-Armenia ya sanciona; debate por el contrato y distribución del recaudo

El contratista ampara su actividad bajo la figura de «control en vía apoyado en dispositivo electrónico», la cual exige agentes visibles, señalización preventiva con conos y la detención del vehículo para notificar personalmente al conductor. Sin embargo, los soportes fotográficos anexados a la tutela muestran el equipo oculto bajo una carpa y sin avisos de retén, lo que según los accionantes omite el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito y la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

Denuncia contra el alcalde en la Procuraduría por el porcentaje de las fotomultas

Horas antes de conocerse la decisión del juzgado en Montenegro, el contrato también motivó una queja disciplinaria en Bogotá. Hugo Ospina, consultor en tránsito y transporte y presidente de la Asociación Nacional de Taxistas, denunció al alcalde Gustavo Pava Busch ante la Procuraduría General de la Nación por ceder el 70 % del recaudo de las multas a Corponadecol.

El dirigente gremial solicitó la suspensión provisional del mandatario local y de varios funcionarios que participaron en la suscripción de los contratos. Ospina sostuvo que la ley ordena no entregar más del 10 % del recaudo a contratistas en materia de tránsito, motivo por el cual anunció que compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos, entre ellos prevaricato.

El trámite judicial queda sujeto al vencimiento del plazo de dos días fijado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Montenegro para que las entidades vinculadas entreguen los soportes documentales y técnicos requeridos. Con ese material probatorio, el despacho deberá emitir el fallo de primera instancia sobre la continuidad de los comparendos en el sector del Gasoducto y la eventual devolución de los dineros, mientras la Procuraduría General de la Nación evalúa la solicitud de suspensión provisional contra el mandatario municipal.

Preguntas relacionadas:

  1. ¿Dónde están ubicadas las fotomultas demandadas en Montenegro? Operan en el kilómetro 6 de la carretera nacional que comunica a Armenia con Montenegro, a la altura del sector del Gasoducto, en el departamento del Quindío.
  2. ¿Qué infracciones detecta el dispositivo instalado en la vía Armenia-Montenegro? Según la denuncia judicial, el equipo registra exceso de velocidad por encima de 60 kilómetros por hora, adelantamientos en sitio prohibido y vencimiento del SOAT o de la revisión técnico-mecánica.
  3. ¿Por qué fue denunciado el alcalde Gustavo Pava Busch ante la Procuraduría? Hugo Ospina, presidente de la Asociación Nacional de Taxistas, lo denunció por firmar un contrato que entrega el 70 % del recaudo de multas a Corponadecol, cuando la ley fija un límite máximo del 10 % para contratistas de tránsito.
  4. ¿Qué dijo INVIAS? El Instituto confirmó oficialmente que no ha otorgado ningún permiso a la Alcaldía de Montenegro para instalar este tipo de señalización ni ejecutar controles en la vía.

Deja tu comentario

Publicaciones relacionadas

[mc4wp_form id="67000"]