La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de seis presuntos integrantes del grupo delincuencial Langostas, una organización señalada de cometer múltiples delitos de hurto en fincas del Quindío y Valle del Cauca, así como de estar implicada en hechos de homicidio, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con la información oficial, un fiscal de la Seccional Quindío imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, secuestro simple y hurto calificado, todos agravados. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Allanamientos y capturas simultáneas en Quindío y Valle del Cauca
Como parte del operativo, las autoridades realizaron seis diligencias de allanamiento y registro, durante las cuales se hicieron efectivas las órdenes de captura contra:
- Cristian Steven Aguirre Vélez (presunto cabecilla del grupo)
- Giovanni Mejía Villa
- Jhon Alexander Giraldo
- Leydi Alejandra Bastidas Rengifo
- Nathalia Rivera Londoño
- Katerine Viviana Sánchez Idarraga
Durante los procedimientos se logró la incautación de una camioneta, tres armas de fuego y varios teléfonos celulares, elementos que serán clave en el proceso judicial.
Según la Fiscalía, las acciones de los investigadores permitieron establecer que el grupo delincuencial Langostas tenía como zona de operación los municipios de Montenegro y Circasia (Quindío), así como Sevilla (Valle del Cauca), donde perpetraban hurtos en fincas y predios rurales, principalmente durante horas nocturnas.
Modus operandi y hechos violentos
El material probatorio recopilado indica que los integrantes de la banda ingresaban a las propiedades utilizando armas de fuego para intimidar a los residentes y apoderarse de objetos de valor y vehículos.
En al menos ocho eventos delictivos, el grupo habría participado directamente, incluyendo uno en el que asesinaron a la víctima y otro en el que mantuvieron retenidas y amenazadas a varias personas por varias horas.
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De acuerdo con la investigación, las víctimas eran amarradas y sometidas bajo amenazas, mientras los delincuentes saqueaban las viviendas rurales. Las autoridades también señalaron que las armas decomisadas serán sometidas a peritajes balísticos para determinar su uso en otros crímenes registrados en la región.
Medidas judiciales y seguimiento al proceso
Tras la audiencia de legalización de captura, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra cinco de los procesados, mientras que Leydi Alejandra continuará vinculada al proceso sin medida privativa de la libertad, en tanto avanza la investigación.
La Fiscalía General de la Nación destacó que esta operación es resultado del trabajo articulado entre unidades del CTI, la Policía Nacional y la Seccional Quindío, con apoyo de la comunidad y de los entes territoriales de la región.
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