Tras el lamentable accidente ocurrido el pasado 24 de mayo en el puente Helicoidal de Calarcá, donde murieron 10 personas entre estudiantes y docentes de la Universidad Alexander Von Humboldt, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha abierto una serie de investigaciones sancionatorias contra dos empresas de transporte especial y un centro de diagnóstico automotor del Quindío.
El siniestro ha generado un profundo impacto en la opinión pública y ha encendido las alarmas sobre la responsabilidad de los actores del sector transporte en el cumplimiento de las normas de seguridad vial en Colombia.
Empresas Trans Logytours y Transportes Granada en el ojo del huracán
Uno de los focos de la investigación es Trans Logytours S.A.S., propietaria del vehículo de placas TBK683 que estuvo involucrado directamente en el trágico accidente. La Superintendencia formuló dos procesos sancionatorios distintos contra esta empresa: el primero por presunto incumplimiento de obligaciones legales y falta de reporte de información, y el segundo por irregularidades en la prestación del servicio el día del siniestro, formulando en total doce cargos administrativos.
Por su parte, también se formularon cargos contra la empresa Transportes Granada González Gamboa y CIA SCA, la cual fue inicialmente contratada por la Universidad Alexander Von Humboldt para el transporte de su delegación. Según declaraciones del rector Diego Jaramillo, la institución no fue informada del cambio de vehículo de última hora, hecho que constituye una posible omisión contractual y operativa de gravedad.
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CDA de Armenia suspendido por fallas técnicas
El tercer actor involucrado en la investigación es el Centro de Diagnóstico Automotor Cenda Diagnosticentro S.A., ubicado en Armenia. De acuerdo con la Resolución 10538 del 30 de mayo de 2025, se abrió un proceso sancionatorio por presuntas irregularidades técnicas en la revisión del vehículo siniestrado, que fueron detectadas por el Sistema de Control y Vigilancia (Sicov).
Como medida inmediata, la Superintendencia suspendió su operación como Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), lo cual implica la desconexión temporal del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Esta sanción permanecerá vigente durante seis meses o hasta que se corrijan las fallas detectadas, lo que ocurra primero.
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Pronunciamiento oficial y medidas ejemplares
En rueda de prensa, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y anunció que los hallazgos preliminares apuntan a una cadena de fallos legales y operativos que deben ser corregidos con urgencia.
“Hacemos un llamado contundente a las empresas de transporte y a los centros de diagnóstico automotor para que actúen con total responsabilidad, rigor y apego a la norma. La seguridad de los colombianos no es negociable”, afirmó Piñeres.
En caso de comprobarse la responsabilidad de las empresas y el CDA involucrado, las sanciones podrían incluir multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), una medida que busca establecer un precedente contundente en defensa de la seguridad vial.
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