El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó su voluntad de adelantar las acciones legales necesarias para defender al departamento de proyectos de minería a gran escala.
En principio, Osorio Buriticá considera que la declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad hecha por la Unesco en 2011, y el plan de manejo que firma el Estado colombiano son un compromiso ineludible de protección.
En el documento Conpes 3803 de la Política para la Preservación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, el gobierno nacional garantiza que no habrá explotación minera a gran escala en la zona declarada como patrimonio de la humanidad tanto en los municipios de la zona principal como en las áreas de amortiguamiento, es decir que 47 municipios del Eje Cafetero están cobijadas por la declaratoria.
De acuerdo con el secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Carlos Alberto Soto Rave, además de la importancia cultural, la zona de amortiguamiento es la que abastece de agua y de riqueza natural a la zona cafetera principal.
Desde el gobierno departamental se recordó que en la firma del Conpes 3803 de 2014, el presidente Juan Manuel Santos en una visita al Quindío, se comprometió a inactivar o acabar las licencias que ya se habían otorgado en el departamento. La premisa es que el estado colombiano está obligado a evitar la megaminería para garantizar el mantenimiento de la declaratoria.
Con respecto al cuidado del agua, uno de los recursos que se vería amenazado por los proyectos de minería a gran escala, la Gobernación del Quindío realiza actividades de administración, custodia, cuidado y mantenimiento de las áreas con núcleos de conservación de propiedad en los municipios de Salento, Calarcá, Pijao, Génova, Filandia y Buenavista. En total, son 16 áreas de protección que suman más de 6.800 hectáreas para el cuidado y la protección del agua en el Quindío.
La Gobernación del Quindío está en disposición de trabajar conjuntamente con los alcaldes, grupos ambientales, la Honorable Asamblea Departamental y con quién corresponda, para garantizar la preservación de los recursos naturales y evitar bajo cualquier circunstancia que haya explotación minera.
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