La Veeduría Veequin señala irregularidades en el convenio con Masora y cobros a ciudadanos por corregir datos prediales. El juzgado vinculó a la Superintendencia y al IGAC.
¿Por qué el Tribunal admitió la demanda contra la actualización catastral en Calarcá?
El Tribunal Administrativo del Quindío admitió una demanda de la Veeduría Veequin que busca anular el contrato entre la Alcaldía de Calarcá y la Asociación Masora. El recurso legal señala presuntas irregularidades de idoneidad en la contratación y fallas en la información predial que obligarían a los ciudadanos a pagar por corregir inconsistencias. El despacho vinculó al proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
El Tribunal Administrativo del Quindío admitió de manera formal la demanda que busca dejar sin efecto el contrato de actualización catastral celebrado entre el municipio de Calarcá y la Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora). La decisión del despacho judicial abre un proceso que evalúa la legalidad del convenio contractual y los efectos en los registros de la propiedad en esa localidad.
La revisión del contrato entra a etapa judicial.
El trámite ante la jurisdicción contencioso-administrativa mantiene bajo examen los procedimientos tributarios y catastrales vigentes en el municipio.
Argumentos de la veeduría por presuntas fallas de idoneidad en el contrato
La acción legal fue radicada por la Veeduría Ciudadana para el Control Catastral, Tributario y Ambiental (Veequin). Los demandantes argumentan que el proceso de contratación presentó irregularidades de origen relacionadas con el incumplimiento de las condiciones de idoneidad técnica y capacidad legal por parte de Masora para ejecutar la actualización en el departamento del Quindío.
Según la veeduría, las deficiencias administrativas afectaron los recursos públicos y vulneraron la prestación eficiente de los servicios estatales.
La presidenta de Veequin, Ana Sofía Rojas Alzate, explicó las causales que fundamentan el recurso ante el Tribunal Administrativo del Quindío.
«La demanda señala posibles irregularidades en la contratación, relacionadas con el incumplimiento de los requisitos de capacidad e idoneidad que debía tener Masora para desarrollar el proceso. También advierte posibles afectaciones a los recursos públicos y al derecho de los ciudadanos a recibir servicios eficientes».
Reportan inconsistencias prediales y señalamientos de cobros a los usuarios
El recurso judicial expone que los retrasos en la etapa inicial de la actualización catastral y las inconsistencias durante su ejecución física alteraron la información oficial de los predios.
La veeduría argumenta que esta situación derivó en cientos de errores registrados en los datos de las propiedades en Calarcá.
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Un aspecto central de la demanda aborda el cobro por corrección de los registros. Veequin sostiene que tanto el municipio de Calarcá como Masora indicaron que los propietarios afectados deben desembolsar sumas de dinero para corregir las inconsistencias generadas durante el proceso oficial.
Para la organización ciudadana, exigir que los contribuyentes financien la subsanación de fallas cometidas durante la ejecución del contrato vulnera la legalidad vigente.
Supernotariado e IGAC son vinculados al proceso contencioso
Al admitir la demanda para su estudio de fondo, el Tribunal Administrativo del Quindío vinculó formalmente a dos entidades nacionales al expediente. El despacho ordenó la notificación a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que intervengan en el proceso contencioso-administrativo.
La inclusión de los dos organismos busca verificar el cumplimiento de las normas nacionales que rigen el catastro multipropósito y la conservación de la información inmobiliaria.
El proceso entra ahora en la fase de contestación y recepción de pruebas por parte de las entidades demandadas y vinculadas. El fallo definitivo del Tribunal determinará si el contrato entre la Alcaldía de Calarcá y Masora mantiene su validez o si es anulado por la justicia contenciosa.
Preguntas relacionadas:
- ¿Por qué demandaron el contrato de actualización catastral en Calarcá? La Veeduría Veequin señala presuntas irregularidades en la idoneidad de la entidad contratista Masora, retrasos en la ejecución y cobros indebidos a ciudadanos para corregir errores prediales.
- ¿Qué entidades fueron vinculadas a la demanda catastral de Calarcá? El Tribunal Administrativo del Quindío vinculó al expediente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a la Superintendencia de Notariado y Registro.
- ¿Quién interpuso la demanda contra el municipio de Calarcá y Masora? El recurso legal fue presentado por la Veeduría Ciudadana para el Control Catastral, Tributario y Ambiental (Veequin), presidida por Ana Sofía Rojas Alzate.
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