
Representantes de propiedad horizontal alertan retrasos en las indemnizaciones por exigencias de las firmas liquidadoras. Piden a la Superintendencia Financiera intervenir para evitar litigios de hasta ocho años.
¿Por qué las aseguradoras no han pagado a los damnificados del terremoto en el occidente colombiano?
Representantes de copropiedades en la región occidente reportan que las compañías aseguradoras mantienen frenados los desembolsos de pólizas para reparar los daños del pasado terremoto. Las denuncias apuntan a maniobras operativas de las firmas ajustadoras, como la exigencia de estudios estructurales que cuestan hasta $300 millones y la presentación física de escombros (ladrillos y tejas). El gremio solicitó la mediación de la Superintendencia Financiera para destrabar los pagos e iniciar la reconstrucción de los edificios.
A escasos días de cumplirse el tercer mes del terremoto que afectó a la región occidental del país, los procesos de reconstrucción física en los edificios residenciales continúan bloqueados. Representantes de la propiedad horizontal señalaron que los trámites para hacer efectivas las pólizas de daños se encuentran estancados ante las exigencias técnicas impuestas por las aseguradoras y sus firmas liquidadoras.
Los administradores de los conjuntos damnificados afirman que el esquema de salvamentos aplicado por los evaluadores frena el giro de las indemnizaciones.
De acuerdo con las denuncias presentadas por el gremio, las firmas aseguradoras han supeditado los pagos a requisitos que no figuran en la normativa vigente, exigiendo a las juntas administrativas la entrega de evidencias físicas del siniestro, incluyendo la presentación de los ladrillos pertenecientes a los muros colapsados y las fracciones de las tejas fracturadas tras el movimiento telúrico.
Estudios estructurales de hasta $300 millones
Al obstáculo de la recolección de escombros como evidencia de salvamento se suma el cobro de la carga técnica. Para validar el estado real de la edificación, las aseguradoras exigen la entrega de estudios de alta especialidad que incluyen la extracción de núcleos de concreto y peritajes estructurales.
La cotización comercial de estas pruebas técnicas oscila entre los $200 y $300 millones.
Bajo la ley comercial, las compañías aseguradoras están facultadas para girar anticipos financieros de las pólizas y cubrir el valor de los peritajes iniciales. Sin embargo, los administradores sostienen que el desembolso de estos adelantos no se está efectuando.
Frente a la negativa de giros previos, las administraciones de los edificios han convocado asambleas extraordinarias para buscar los fondos por su cuenta, proponiendo el cobro de cuotas extraordinarias de hasta $300 millones repartidas entre los mismos copropietarios damnificados que perdieron la habitabilidad de sus inmuebles y pertenencias durante el terremoto.
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Petición a la Superfinanciera para frenar litigios judiciales
El represamiento operativo mantiene a numerosas familias habitando en condiciones de hacinamiento dentro de las unidades residenciales que soportaron el sismo sin daños severos, mientras el resto de torres continúan inhabitables a la espera de la intervención ingenieril.
Para destrabar el flujo de los recursos privados, los voceros de la propiedad horizontal enviaron una solicitud formal al presidente de la República. El documento pide la instalación de un punto de atención permanente de la Superintendencia Financiera en el Eje Cafetero y la conformación de una comisión especial que audite las liquidaciones de las ajustadoras.
Los representantes gremiales expusieron que, de no agilizarse los pagos por la vía del mutuo acuerdo, las asambleas procederán a entablar demandas civiles contra las aseguradoras. Una disputa de esta magnitud en los estrados de primera y segunda instancia tardaría entre 6 y 8 años en resolverse, un lapso que superaría los cinco años de vigencia proyectados en los planes estatales de reconstrucción territorial para la zona del desastre.
Preguntas relacionadas:
- ¿Por qué las aseguradoras no han pagado los daños del terremoto en el Eje Cafetero? Los administradores de propiedad horizontal afirman que las liquidadoras exigen estudios técnicos costosos y muestras de los escombros (ladrillos y tejas) para desembolsar el dinero.
- ¿Cuánto valen los estudios que exigen las aseguradoras a los damnificados? Los peritajes estructurales y pruebas de núcleos de concreto requeridos por las ajustadoras tienen un valor comercial que oscila entre los $200 y $300 millones.
- ¿Qué pidieron los damnificados a la Superintendencia Financiera? El gremio solicitó una comisión permanente en el Eje Cafetero para vigilar la conducta de los ajustadores de seguros y agilizar los pagos, evitando que las disputas lleguen a los tribunales.




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