Sandra Paola Hurtado Palacio, exgobernadora del Quindío, fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
La acusación se hizo ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo al ente investigador, la exmandataria presuntamente recibió dádivas para direccionar varios contratos durante su administración entre los años 2012 y 2015, apoderándose así irregularmente entre ella y los contratistas de más de $5.000 millones de pesos.
La Fiscalía señala, que Hurtado habría incidido en el direccionamiento de por lo menos cuatro contratos de infraestructura y servicios vitales para la comunidad, de tal forma que quedaran en manos de la empresa INALCON SAS, representada por José Carlos Vergara Mendoza.
El material de prueba da cuenta de que la exgobernadora, al parecer, actuó en favor del contratista a cambio de dádivas que ascendieron al 15% del valor de los contratos.
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Adicionalmente, el ente investigador detectó diversas anomalías como sobrecostos por más de 5.400 millones de pesos, los cuales buscaban garantizar el pago de las comisiones pactadas y afectaron gravemente las finanzas del departamento.
En ese sentido, hay evidencia de que parte de ese dinero, exactamente $3.102’237.981, habría terminado en las arcas personales de la exgobernadora del Quindío; mientras que $2.329’584.150 fueron a parar a las cuentas del contratista.
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