El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en una de las decisiones judiciales más contundentes relacionadas con el escándalo de corrupción de la UNGRD, que ha sacudido al Gobierno y a varias entidades del Estado.
La determinación fue adoptada durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara el material probatorio que, a juicio del alto tribunal, demuestra la presunta responsabilidad de los exfuncionarios en una estructura criminal que habría operado de forma sistemática contra los recursos públicos.
Medida de aseguramiento contra Bonilla y Velasco
La magistrada Aura Rosa Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, avaló las evidencias expuestas por la Fiscalía y decretó la detención preventiva en establecimiento carcelario para ambos exministros.
Según la lectura de la decisión, el tribunal resolvió:
«El Tribunal Superior de Bogotá (…) resuelve: primero, decretar como medida de aseguramiento en contra de Luis Fernando Velasco, la detención preventiva en establecimiento carcelario, como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, determinador del punible interés indebido en la celebración de contratos y como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer».
De igual forma, la magistrada indicó:
«Segundo, decretar como medida de aseguramiento en contra de Ricardo Bonilla, la detención preventiva en establecimiento carcelario, como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, determinador del punible interés indebido en la celebración de contratos y como coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer. El interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo».
Captura inmediata y traslado al Inpec
En tercer lugar, el alto tribunal ordenó librar las órdenes de captura de manera inmediata para hacer efectiva la medida. Una vez detenidos, los exministros deberán ser puestos a disposición del Inpec, entidad encargada de su custodia.
Frente a esta decisión, la Fiscalía General de la Nación y los representantes de las víctimas no interpusieron recursos. No obstante, el Ministerio Público anunció la presentación de recursos de reposición y apelación, al igual que las defensas de los exministros.
Presencial y virtual: así fue la audiencia
Mientras Ricardo Bonilla asistió de manera presencial a la diligencia judicial en Bogotá, Luis Fernando Velasco participó de forma virtual desde su residencia en Cali. Tras conocerse el fallo, Velasco aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades para que se haga efectiva la captura.
Durante la diligencia, la magistrada explicó que, aunque la Fiscalía solicitó prisión domiciliaria, no sustentó de manera suficiente por qué esa medida sería más adecuada que la reclusión en centro carcelario, dada la gravedad de los hechos investigados.
Pruebas, jerarquía y estructura criminal
El tribunal destacó que existen pruebas contundentes que evidencian el rol jerárquico que habrían ejercido los exministros en las carteras de Hacienda y del Interior. Para sustentar esta afirmación, se valoraron informes de la Policía Judicial y testimonios de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla.
Estas pruebas, según la magistrada, acreditan la «existencia de una división funcional de tareas», descartando que se tratara de actuaciones aisladas.
Concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer
Aunque las defensas negaron que los exministros conocieran la entrega de cupos indicativos, el tribunal concluyó que los elementos probatorios demuestran que sí tenían conocimiento y que entendían que su ejecución se realizaba a través de contratos de la UNGRD e Invías.
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En relación con el delito de concierto para delinquir, la magistrada sostuvo que las conductas investigadas afectaron la «seguridad pública y la tranquilidad colectiva». Sobre el cohecho por dar u ofrecer, aclaró que no es necesario que el acto se concrete, ya que basta con el ofrecimiento para configurar el delito.
Beneficios políticos y interés indebido en la celebración de contratos
El Tribunal Superior concluyó que los exfuncionarios «ofrecieron una utilidad indebida a los servidores públicos (congresistas)» con el propósito de asegurar respaldo político a proyectos de ley y créditos públicos del Gobierno. Dichos beneficios no solo se habrían reflejado en contratos, sino también en la obtención de aliados legislativos.
Finalmente, frente al delito de interés indebido en la celebración de contratos, la magistrada afirmó que, aunque algunas dádivas no se materializaron, el interés de los investigados quedó demostrado.
«El despacho considera razonable inferir que la intervención de los exministros se materializó a través de una determinación indirecta o una cadena en la que, valiéndose de su posición jerárquica y ascendiente funcional, indujeron a María Alejandra Benavides, Olmedo López y Sneyder Pinilla a interesarse indebidamente en los negocios jurídicos, exteriorizando dicho interés mediante actos de gestión, direccionamiento operativo, priorización y aceleración contractual», señaló.
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