La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado formal a los alcaldes y alcaldesas de todo el país para que adopten medidas inmediatas que permitan regular, controlar y hacer cumplir las normas sobre propaganda electoral y publicidad exterior visual en espacios públicos, de cara a los próximos comicios para Senado, Cámara de Representantes y la Presidencia de la República.
La instrucción del Ministerio Público busca prevenir desorden, abuso del espacio público y eventuales irregularidades durante las campañas, en un contexto preelectoral que se encamina hacia las elecciones 2026, uno de los procesos democráticos más relevantes del calendario político nacional.
Lineamientos obligatorios para los mandatarios locales
De acuerdo con lo indicado por la Procuraduría, los mandatarios municipales deberán expedir actos administrativos que establezcan con precisión la forma, características y condiciones bajo las cuales podrá instalarse propaganda electoral y publicidad exterior visual durante las campañas. Estos actos también deberán delimitar claramente los sitios públicos en los que estará permitida la difusión de mensajes proselitistas, tanto para elecciones legislativas como presidenciales.
El objetivo es garantizar reglas claras, homogéneas y transparentes en cada municipio, evitando la ocupación indebida del espacio público, la contaminación visual y la competencia desleal entre campañas. La entidad de control recalcó que estas disposiciones no son opcionales, sino una obligación legal para las administraciones locales.
Exigencia de retiro inmediato de propaganda irregular
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, fue enfático al señalar que, cuando se detecte publicidad exterior visual instalada en sitios no autorizados o fuera de los plazos legales, los alcaldes deberán exigir de manera inmediata el restablecimiento del espacio público al estado previo a la fijación.
Esta directriz implica que cualquier material proselitista ubicado sin permiso, excediendo el tiempo permitido o incumpliendo las normas locales, deberá ser retirado sin dilaciones. La Procuraduría recordó que la inacción de los mandatarios frente a estas irregularidades puede derivar en responsabilidades disciplinarias.
Registro público y control de vallas electorales
Según lo establecido en la circular 011 de 2025, emitida por el jefe del Ministerio Público, las administraciones municipales deberán llevar un registro público con la ubicación de toda publicidad exterior visual instalada durante las campañas. Este registro permitirá verificar el cumplimiento de la normativa y detectar posibles excesos, como la vulneración del número máximo de vallas electorales autorizado por la autoridad electoral.
Además, los alcaldes deberán actuar ante cualquier incumplimiento de las disposiciones que regulan esta materia y reportar la instalación de propaganda fuera del período permitido por la ley. Con ello se busca fortalecer la transparencia del proceso electoral y evitar prácticas que puedan distorsionar la equidad entre los distintos actores políticos.
Rol de las Comisiones Territoriales de Control Electoral
La Procuraduría también solicitó a las Comisiones Territoriales de Control Electoral verificar, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que los municipios hayan expedido los actos administrativos necesarios para regular la propaganda electoral en espacio público. En los casos en que se evidencie omisión, estas comisiones deberán adelantar las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Este mecanismo de vigilancia institucional refuerza el control preventivo y busca evitar que la falta de regulación local se traduzca en desorden, uso indebido de bienes públicos o ventajas indebidas para determinados candidatos o movimientos políticos.
Límites a la participación política de funcionarios públicos
De manera complementaria, el Procurador General recordó la vigencia de la directiva que establece los límites para los servidores públicos en materia de participación política con miras a las elecciones 2026. Eljach fue enfático en advertir que la transgresión de estas disposiciones conlleva consecuencias disciplinarias severas.
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“En la directiva están todas las conductas en que no se debe incurrir, porque si se transgrede esa prohibición o advertencia, se cae en malas conductas y debe ser sancionable con la máxima sanción que se establece en el Código Disciplinario, que es la destitución e inhabilidad”, dijo Eljach.
Con este llamado, la Procuraduría General de la Nación busca reforzar la legalidad, la equidad y el orden en el desarrollo de las campañas políticas. El control sobre la propaganda electoral y la publicidad exterior visual no solo protege el espacio público, sino que también asegura condiciones de competencia más justas entre candidatos y partidos.
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