La FLIP divulgó una lista en la que se categoriza como negativo, positivo o neutro a influenciadores, entre los que hay periodistas y políticos de oposición, clasificados por un una entidad contratada por la Presidencia para medir opiniones sobre el Gobierno.
Esta organización no gubernamental que monitorea las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, reveló un documento con el listado de los nombres a través de la plataforma «Pauta Visible», que analizó los gastos que hacen diferentes entidades del Estado para divulgar sus acciones.
Según la ONG, desde que Duque llegó a la presidencia, en 2018, ha gastado más de 20.000 millones de pesos en contratos de publicidad oficial, recursos con los que el mandatario buscaba mejorar su imagen en redes sociales, mitigar el impacto del paro nacional de 2019 sobre su gestión y multiplicar su presencia en medios de comunicación sobre la pandemia del coronavirus.
La publicación de «Pauta Visible» detalla que entre julio de 2019 y marzo de 2020 la Presidencia firmó tres contratos por más de 460.000 dólares con dos firmas consultoras, una de Estados Unidos y otra del Reino Unido, para, entre otras cosas, posicionar la imagen en redes sociales del presidente.
«De la estrategia en redes hay varias cosas que llaman la atención, pero sobre todo de contrarrestar lo que ellos consideran noticias desfavorables y la creación de una base de datos de influenciadores», explicó la FLIP en una publicación.
Además de periodistas y políticos opositores, en esa base de datos también aparecen personas afines al Gobierno y otras que opinan sobre diferentes temáticas en las redes sociales y en los medios de comunicación.
El documento conocido por la FLIP detalla el nombre de las personas, además de sus actividades en redes sociales, a quienes se les clasifica de «negativo», «positivo» o «neutro».
La organización recibió de la Presidencia una tabla con 468 personas que fueron categorizados en el contrato firmado para «adquirir, depurar, verificar y actualizar listas de influenciadores digitales con el propósito de interactuar con estos usuarios para trasmitir según los lineamientos de comunicación de la consejería presidencial».
En esa lista aparecen varios periodistas como Claudia Gurisatti, Salud Hernández-Mora, Vicky Dávila, Daniel Coronell, el caricaturista Matador, Luis Carlos Vélez, Daniel Samper Ospina, Félix de Bedout, Camila Zuluaga, Fidel Cano, Natalia Herrera, Claudia Morales, Diana Calderón, Julio Sánchez Cristo, María Alejandra Villamizar, Jorge Espinosa, Julían Martínez o Juan Pablo Calvás. También aparecen medios como El Espectador, El Tiempo o La Silla Vacía.
También figuran políticos de la oposición, como Gustavo Petro, Iván Cepeda Castro, Clara López Obregón, Gustavo Bolívar o Jorge Robledo, entre muchos más.
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La Presidencia por su parte le respondió a la FLIP que dichas reuniones con los influenciadores nunca se hicieron y que tampoco hubo un pago para ellos.
Pese a ello, el informe de gestión de la Presidencia conocido por la ONG dice que: «se debe trabajar en aumentar el porcentaje de personas positivas y en especial cambiar la perspectiva de aquellos que influyen desde sus redes sociales negativamente ya que son estos los que hacen que la mala imagen del Gobierno sea cada día más alta».
Sobre la publicación, el consejero presidencial para las comunicaciones, Hassan Nassar, dijo a Caracol Radio que esa recopilación de datos no corresponde a un perfilamiento, sino a una estrategia digital para conocer sobre temas de los que se habla en Twitter.
«Esto corresponde a un contrato del año 2019, a través del cual se ordenó desde la Presidencia implementar para los servicios especializados de la estrategia digital», dijo Nassar.
El funcionario agregó que «dentro de esto había un único propósito, que era el de crear una lista de influenciadores digitales, en donde se pudiera verificar si sus opiniones son de forma negativa, positiva o neutra».
Por su lado, Jonathan Bock, subdirector de la FLIP y coordinador de la investigación, dijo en su Twitter que el presidente Duque «se extralimita en el uso de los recursos de publicidad oficial. Además, en Presidencia están obsesionados con redes sociales y se ordenó categorizar a centenares de influenciadores para saber qué estaban diciendo y quiénes eran».
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