El Gobierno nacional confirmó la eliminación del subsidio al ACPM para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, una decisión que marca un cambio sustancial en la política de precios de los combustibles en Colombia. A partir de ahora, estos automotores comenzarán a pagar el precio internacional del diésel, según lo establecido en el Decreto 1428 de 2025, con aplicación inmediata.
La medida hace parte de una estrategia de ajuste fiscal que busca reducir presiones sobre el presupuesto del Estado y corregir desequilibrios en el sistema de subsidios a los combustibles, que durante años ha representado una carga creciente para las finanzas públicas de Colombia.
¿A quiénes afecta la eliminación del subsidio?
De acuerdo con la norma, la decisión impacta exclusivamente a los vehículos de uso particular, diplomático y oficial. En contraste, el transporte de carga y pasajeros continuará accediendo al combustible con subsidio, lo que implica que buses, busetas, camiones y demás vehículos vinculados al transporte público y al movimiento de mercancías no verán modificada su tarifa de ACPM por esta disposición.
Con esta diferenciación, el Ejecutivo busca evitar que el ajuste tenga un efecto directo en los costos del transporte público y, por extensión, en la inflación y en el precio final de los bienes de consumo que dependen de la cadena logística.
Decreto 1428 de 2025: el soporte jurídico del cambio
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1428 de 2025, que establece la aplicación de la paridad internacional del diésel para los segmentos excluidos del subsidio. Esto significa que el valor del ACPM para estos vehículos se alineará con los precios del mercado internacional, eliminando el componente de compensación estatal.
Aunque el Gobierno no ha publicado aún un cálculo detallado del impacto inmediato en el valor por galón, sí advirtió que el ajuste será significativo, en la medida en que el precio dejará de estar amortiguado por recursos públicos.
El Fepc, en el centro de la decisión
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para avanzar en esta reforma es la necesidad de sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), un mecanismo creado para evitar fluctuaciones abruptas en los precios internos de la gasolina y el diésel.
Durante los últimos años, el Fepc se convirtió en uno de los mayores focos de presión fiscal, acumulando un déficit que ha impactado de forma directa la sostenibilidad fiscal del país. Al reducir el número de beneficiarios del subsidio al diésel en Colombia, el Gobierno espera disminuir el desbalance del fondo y mejorar la estabilidad de las cuentas públicas.
Protección al costo de vida de los hogares
El Ejecutivo subrayó que la eliminación del subsidio no se aplicará al transporte público ni al transporte de carga con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los hogares. Según el Gobierno, mantener la tarifa subsidiada para estos sectores estratégicos ayuda a contener el impacto del precio del ACPM sobre el valor de los alimentos, bienes básicos y servicios que dependen del transporte terrestre.
De esta manera, la política busca focalizar los recursos del Estado en actividades consideradas esenciales para la economía, al tiempo que corrige distorsiones en la asignación de los subsidios.
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¿Qué se espera para los vehículos particulares?
Para los propietarios de vehículos particulares que utilizan diésel, el cambio implica asumir el valor real del combustible en los mercados internacionales. Aunque aún no se ha precisado el monto exacto del incremento, las autoridades anticipan un alza acorde con los precios globales del petróleo y los costos de importación.
El Gobierno anunció que en los próximos días entregará detalles adicionales sobre la implementación de la medida, su cronograma y los efectos económicos previstos, en un contexto en el que el ajuste de los combustibles sigue siendo un tema sensible para la opinión pública.
Un paso hacia la sostenibilidad fiscal
Con esta decisión, el Ejecutivo reafirma su intención de avanzar en una política de racionalización de los subsidios energéticos, con miras a fortalecer la sostenibilidad fiscal y reducir los compromisos presupuestales asociados al sector de los combustibles. La eliminación del subsidio al ACPM para ciertos segmentos se convierte así en una de las reformas más relevantes del año en materia de política económica.
La noticia se mantiene en desarrollo, mientras se esperan nuevas precisiones oficiales sobre el alcance total del precio internacional del diésel y su impacto en el mercado interno.
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