En la más reciente Cumbre de Gobernadores, que se cumplió en Medellín, Antioquia, los mandatarios seccionales expresaron su preocupación por las medidas centralizadoras que cada día aumenta el gobierno nacional y que afectan a las finanzas departamentales, así como los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial, por lo que solicitaron una reunión urgente para hoy lunes 29 de enero con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con quien buscan tratar cuatro temas puntuales.
“Lo que nos aqueja es el centralismo que se está notando en los últimos decretos donde hay una descentralización de funciones y de responsabilidades, pero centralización de los recursos económicos. Los gobernadores estamos hablando primero entre nosotros, para luego interlocutar con el ejecutivo nacional y lograr con ellos algún acuerdo”, expresó el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, gobernador de los quindianos y vicepresidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND.
El primero de los temas a tratar es el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que los mandatarios departamentales buscan entregarle al gobierno nacional para su ejecución. Para ello se declararon en sesión permanente desde el pasado 19 de enero, y en los últimos días avanzaron en una mesa técnica con el gobierno central y la Procuraduría General de la Nación para que se cumpla la entrega definitiva.
El segundo asunto está relacionado con el decreto de operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, ya que para los gobernadores, los mayores recaudos del impuesto al cigarrillo deben ser propiedad de los departamentos y descontarse de la matriz de cofinanciación 2018 y de los años posteriores.
Los gobernadores también buscan hablar con el ministro sobre los precios promedio de las bebidas alcohólicas, certificados por el DANE, pues indicaron que se le dio una interpretación equivocada a la metodología de cálculo de los mencionados precios, y ello ha llevado a que se disminuyan en más del 30%, lo que afecta las rentas de las regiones.
Finalmente, se espera aclarar el decreto de protección de líderes sociales y comunales, pues aunque los gobernadores respaldan la reglamentación que contribuye a proteger la vida de los líderes en toda Colombia, en el Decreto 2252 de 2017 se plantea un esquema de descentralización disfuncional, que sigue trasladando competencias sin la correspondiente asignación de recursos para su financiación.
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