La comisión séptima de la Cámara alta realizó un debate de control político sobre la salud de las personas privadas de libertad y la crisis humanitaria que atraviesa el sistema carcelario colombiano. Denuncias y propuestas.
El debate fue convocado por el senador Alberto Castilla (Polo Democrático Alternativo -PDA-), quien tuvo en cuenta denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra las personas reclusas, en especial en el ámbito de la salud.
El Senador del Polo afirmó que la situación de insalubridad en cárceles “es una realidad vigente en el país desde 1998, cuando la Corte Constitucional aprobó la sentencia T-153”, constatando que en las prisiones de Colombia se violan los derechos de las personas privadas de la libertad. Según Castilla esta situación “no solo persiste si no que empeora”.
A lo largo del debate se enfatizó en el hacinamiento existente dentro de los muros, que afecta al 53% de los reclusos, según se denunció. Ese hecho fue identificado por los participantes como una de las principales causas de deterioro de la salud de la población carcelaria. Otros factores serían la falta de infraestructura adecuada y la externalización de los servicios sanitarios que, hasta la fecha, son prestados por empresas privadas como Caprecom. Durante el debate se hizo especial mención al hacinamiento de algunas de las cárceles como la de Riohacha (478%) o Santa Marta (403%), teniendo en cuenta que para los estándares internacionales, un hacinamiento que se acerque al 20% refleja un estado de “sobrepoblación crítica”.
Tanto Castilla como Iván Ospina (Alianza Verde) resaltaron que la falta de acceso al agua y a la alimentación adecuada constituye una violación generalizada en todos los centros penitenciarios, pero en especial en el de Valledupar. El motivo, se dijo, sería la “falta de voluntad política del Instituto Nacional Penitenciario Carcelario -INPEC- para respetar la salud y la dignidad de las personas reclusas”.
Durante las exposiciones se hizo especial énfasis en la situación de las personas con enfermedades crónicas (cáncer, VIH, y otras enfermedades con facilidad de transmisión). En esos casos los pacientes no reciben el tratamiento adecuado, por lo que además de violar sus derechos se pone en peligro la salud del resto de las personas reclusas. También se visibilizó el maltrato recibido por mujeres lactantes, a las cuales se les dedica únicamente 7.500 pesos diarios para su alimentación y la del bebé, lo que denota la inexistencia de un enfoque diferencial del tratamiento penitenciario que además supondría una violación a la ley 1709 del año 2014. Lo mismo se remarcó respecto a la necesidad de practicar una política diferencial hacia el colectivo indígena, con el objetivo de respetar sus derechos culturales como pueblos ancestrales.
El Senador Iván Ospina remarcó el alto porcentaje de personas reclusas reincidentes, que ronda el 28%. Esta cifra se explicaría por la inexistencia de programas eficaces de reinserción sociocultural intramuros, así como por la política carcelaria actual y la legislación penal guiadas por el principio único del castigo, dejando relegada la función de reeducación y resocialización que debería tener el sistema penitenciario para construir una sociedad más segura, digna y justa.
El representante a la Cámara por el PDA, Víctor Correa, caracterizó la actual política carcelaria como parte de un conjunto de políticas que impulsan “un modelo de desarrollo injusto y desigual” que condena a personas pertenecientes a las clases más humildes de la sociedad por delitos menores, “mientras que la impunidad reina a la hora de judicializar crímenes de lesa humanidad” al mismo tiempo que se vulneran los derechos de las clases trabajadores de acceso a la educación, a la sanidad y al trabajo digno, lo que podrían ser las causas de la mayoría de delitos cometidos y de la inseguridad generalizada que se vive en el país.
Las propuestas
El debate no se centró solamente en las denuncias. El senador Castilla realizó además una serie de propuestas para superar la crisis humanitaria que se vive dentro de las cárceles, como “eliminar la intermediación en salud en el sistema penitenciario para la atención intramural en los niveles I y II; adelantar un programa de promoción y prevención en salud para el conjunto del sistema penitenciario; liberar a los presos políticos por razones humanitarias y a los presos sociales que se encuentran en estado grave de salud; diseñar y poner en marcha un plan de choque que permita solucionar graves problemas de infraestructura, saneamiento básico, alimentación, agua y servicios públicos”.
Fuente: Colombia Informa
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