El Comité Nacional de Paro, principal convocante de las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril en Colombia, anunció este martes la suspensión temporal de las movilizaciones después de casi 50 días, sin que eso implique el fin de las manifestaciones.
«Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles», dijo en una rueda de prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.
El dirigente sindical aseguró que «la movilización social va a continuar porque las causas que la han generado se mantienen vigentes» y en ese sentido anunció un «gran concierto» el próximo 20 de junio y el comienzo de un diálogo social para construir varios proyectos de ley con sus peticiones.
Además, anunció una movilización hacia el Congreso el 20 de julio, día en que se instala el nuevo periodo de sesiones legislativas.
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El Comité de Paro espera convertir sus demandas, entre las que se incluye una renta básica para la población más pobre y la gratuidad de la educación superior para los estratos más bajos hasta por cinco años, en proyectos de ley para que el Congreso los discuta y apruebe.
«Esperamos, por supuesto, que el Congreso no le falle a los colombianos, así como le ha fallado el presidente (Iván) Duque en la solución del pliego de emergencia», agregó Maltés.
Las protestas, con epicentro en la ciudad de Cali (suroeste), han dejado según datos de organizaciones de derechos humanos unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que la Fiscalía vincula a las manifestaciones 20 fallecidos.
Por su parte, el presidente de la CUT ha hecho un reconocimiento especial a la juventud ‘que ha jugado un papel trascendental en esta batalla y en las batallas que siguen», y destacó que el Comité logró «por primera vez en Colombia que una agenda social sea de debate público».
Finalmente subrayó que «este paro ha tenido importantes victorias», como el hundimiento de la reforma tributaria y la de la salud, «fruto de la movilización social», y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la canciller, Claudia Blum
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