
La decisión de los gremios transportadores sobre las protestas contra los peajes en la región cafetera ha marcado un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo de financiación vial en Colombia. La Confederación Colombiana de Transportadores y la Asociación Colombiana de Camioneros anunciaron que no apoyan las protestas contra los peajes en el Eje Cafetero, programadas para este viernes 22 de agosto, argumentando que actualmente mantienen una mesa de diálogo abierta con el Gobierno Nacional.
Un respaldo a la concertación con el Gobierno
En un comunicado oficial, Juan Diego Ortiz Pérez, presidente de la Confederación, explicó que el gremio “está participando activamente en las mesas técnicas de infraestructura con el Gobierno Nacional” y que por respeto a dichos espacios no participarán en la movilización.
Ortiz Pérez aclaró que la decisión no significa desconocer el derecho constitucional a la protesta:
“No obstante, respetamos el derecho a la protesta que le concierne a cada ciudadano”.
Este pronunciamiento busca mantener la confianza en los procesos de concertación que, según el gremio, son la vía adecuada para resolver inquietudes en torno a la operación de los peajes.
Importancia del sistema de peajes para la infraestructura vial
El presidente de la Confederación también destacó que para el sector transportador es vital que el modelo actual garantice la ejecución de las obras de infraestructura, además de su adecuada operación y mantenimiento de forma sostenible.
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De hecho, Ortiz Pérez señaló que el sistema de peajes es una fuente fundamental de financiación de las vías en Colombia, al afirmar que:
“Reconocemos que el sistema de peajes constituye una fuente de financiación importante para la infraestructura vial y el desarrollo del país, entendiendo que es el mecanismo más justo y directo, ya que quienes hacemos uso de esta la pagamos”.
Uno de los puntos centrales de la postura gremial es la exigencia de una gestión eficiente y responsable de los recursos recaudados en los peajes. Ortiz Pérez recalcó que se espera una administración clara y transparente tanto por parte de las concesionarias privadas como del propio Estado, de manera que el dinero efectivamente se traduzca en infraestructura vial en Colombia de calidad.




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