El Congreso de la República y la Federación Colombiana de Periodistas, con el apoyo de Fescol, realizarán este 13 de octubre, en el Salón Luis Carlos Galán, del Capitolio Nacional, desde las 8:00 de la mañana, la audiencia pública sobre “Garantías para el ejercicio de la actividad periodística y construcción de paz”.
La iniciativa que tiene como propósito visibilizar los impactos del conflicto armado sobre el colectivo de periodistas del país, la agenda informativa y el derecho de las audiencias de estar bien informadas, contará con la participación de comunicadores de 10 departamentos, quienes presentarán en un noticiero en vivo y apoyados por una puesta en escena, testimonios sobre los riesgos que afrontan en el desarrollo de su actividad. Adicionalmente, Fecolper, la Flip y Afacom intervendrán respecto a afectaciones a los derechos a la libertad de prensa y a la información.
La Secretaría General del Senado invitó al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a la Ministra del Trabajo, Clara López, al director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, y al Ministro Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, con el fin de conocer las acciones e iniciativas que se han adelantado para garantizar el ejercicio periodístico.
“Esperamos que las entidades invitadas adquieran compromisos como el de luchar eficientemente contra la impunidad de crímenes y amenazas a comunicadores; concretar la reparación colectiva a periodistas; plantear los desafíos sobre negociaciones con distintos grupos armados con relación a los medios y el periodismo; y asumir una agenda laboral para el trabajo digno y decente del sector”, dijo Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas.
A cierre de septiembre de 2016, la Fecolper registró un total de 160 hechos de violencia y/o agresiones contra periodistas, que representan a su vez un total 198 víctimas. Este año la amenaza, se consolida como la forma de agresión más recurrente (60 casos), seguida por la obstrucciones al trabajo periodístico (32 casos) y por las campañas de desprestigio y/o estigmatización (28 casos).
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