La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a nueve concejales de Alcalá (Valle del Cauca), por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
A su vez, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al alcalde de Guacarí, Gerardo Salcedo Calero, por presuntas irregularidades en la suscripción de dos contratos en 2016, para adquirir la dotación para la Administración municipal. Se cuestiona que era el mismo contratista.
Sobre los concejales cuestionados de Alcalá, la Procuradurái infirmó que se trata de Juan Carlos López Abahonza, Daniel Alberto Martínez Sepúlveda, Roberto Gómez Ocampo, Yuny Manfred Cortés Perdomo, Francisco Javier Vélez Varela, Desiderio García Muriel, Ramón Antonio Gutiérrez Espinosa, Rodrigo Turriago Bohorquez, y Hernando Antonio González Hernández.
Según la Procuraduría, en este caso, el ente de carácter Provincial de Armenia reprochó a los cabildantes la aprobación, el 8 de septiembre de 2017, del proyecto de Acuerdo No. 019 que autorizaba al alcalde de Alcalá, Javier Andrés Herrera, para comprometer vigencias futuras ordinarias por gastos de inversión en las vigencias fiscales 2018.
El objetivo era cumplir con lo estipulado en el convenio interadministrativo No 0110-18-3100 suscrito con el Valle del Cauca”.
Según la Procuraduría, «al parecer, el acto administrativo habría sido expedido vulnerando las normas legales y las disposiciones que indican que los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria de la corporación tres días después de su aprobación en la comisión respectiva, como lo establece el artículo 73 de la Ley 136 de 1994».
Para el órgano de control, «los concejales presuntamente omitieron y desconocieron la norma sobre debates que establece un término mínimo, para que un proyecto de acuerdo sea sometido a consideración de la plenaria del concejo municipal».
La Procuraduría calificó la presunta falta de los investigados como grave a título de culpa gravísima.
Los concejales respondieron a este ente de control público que no están de acuerdo con lo manifestado por la Procuraduría.
Así mismo, en la Alcaldía de Alcalá evaluán la medida contra los concejales.
Con respecto al Alcalde de Guacarí, los dos contratos habrían superado el monto de mínima cuantía por lo que el mandatario, presuntamente, no se habría acogido a los lineamientos de contratación pública señalados por la ley.
La Procuraduría señaló que esta conducta es una «falta gravísima cometida con culpa gravísima en el supuesto de haber eludido los principios de transparencia y selección objetiva, al igual que los mecanismos de contratación y de selección del contratista que rigen el proceso contractual».
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