Gobernadora del Valle exige intervención nacional en el Bajo San Juan por ataque armado

CiudadRegion.com | Cartago | 28 MAR 2017 – 12:39 am

Mientras el Presidente Juan Manuela Santos condenó el ataque de un grupo armado en el Bajo San Juan, en límites de los departamento de Chocó y Valle del Cauca, que dejó 5 muertos y al menos 50 personas desplazadas de la comunidad de Carrá,  la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, exigió la intervención directa del Gobierno Nacional en este caso que afecta a comunidades indígenas y afro de la zona.

“Hemos estado Chocó y el Valle del Cauca actuando y nosotros necesitamos que el Gobierno Nacional con la Unidad de Víctimas, Defensoría del Pueblo y con todas las instituciones que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas, apoyen este proceso que estamos llevando”, dioj la Gobernadora. 

Agregó que “es muy importante que el Gobierno Nacional se vincule al trabajo que estamos realizando conjuntamente por la problemática de inseguridad que se está presentando en el litoral, porque eso nos perjudica tanto al Chocó como  al  Valle del Cauca, debido a los desplazamientos que van hacia Buenaventura”. 

El ataque en esta zona, donde actúan el Eln y bandas criminales, ha generado una alerta por desplazamiento a Buenaventura, precisó la Secretaria de Seguridad del Valle, Noralba García. 

“El municipio de Buenaventura está en alerta de atención frente a los heridos y lamentablemente frente a las necropsias y levantamiento de los 5 líderes que fueron acribillados en el sector de Carrá. Nosotros como Gobierno Departamental estamos muy al pie de Buenaventura porque impacta negativamente el tema de desplazamiento de víctimas y, sobre todo, el tema de seguridad y de confinamiento en el área rural de Buenaventura”, explicó García. 

Mientras se logra esta intervención urgente del  Gobierno Nacional, el 18 de abril esta señalada como  fecha en donde un Comité de Justicia Transicional con presencia de autoridades nacionales y regionales de gobierno,  militares y defensoras de derechos humanos, entre otras, tomarán medidas de fondo frente a las acciones humanitarias y de seguridad en el litoral de San Juan y en Buenaventura.