La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Jorge Diego Ramos y su exsecretario de Gobierno por presuntas omisiones operativas entre 2022 y 2023. Aunque el municipio tenía presupuesto aprobado para un centro de detención, nunca ejecutaron la obra ni firmaron convenios con el Inpec.
¿Por qué la Procuraduría formuló cargos contra el exalcalde de Dosquebradas, Jorge Diego Ramos?
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Dosquebradas, Risaralda, Jorge Diego Ramos Castaño, y su exsecretario de Gobierno, Juan Carlos Sepúlveda Montoya, por presuntas omisiones. Según la investigación, entre 2022 y 2023 los exfuncionarios no gestionaron la adecuación de un Centro de Detención Transitoria para sindicados ni suscribieron convenios alternativos con el Inpec, a pesar de que el municipio contaba con recursos aprobados para este fin desde el año 2021.
El dinero estaba aprobado, pero la obra nunca arrancó
La inacción frente a un problema crítico de orden público y derechos humanos encendió las alarmas de los entes de control. La lupa del Estado se posó sobre las decisiones, o más bien las omisiones, tomadas en el despacho principal de la Alcaldía de Dosquebradas durante los últimos años de la pasada administración.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira reveló un detalle que agrava la situación jurídica de los implicados: la falta de gestión no se dio por escasez de plata. Desde el año 2021, el Comité de Orden Público ya había aprobado y garantizado los recursos necesarios para atender la urgencia carcelaria local.
Sin embargo, durante las vigencias 2022 y 2023, la alcaldía presuntamente no adelantó las obras, compras o adecuaciones arquitectónicas para poner en funcionamiento un Centro de Detención Transitoria. Este espacio era de carácter obligatorio para albergar a las personas privadas de la libertad en calidad de sindicados, es decir, aquellos que aún no tenían una condena en firme dictada por un juez.
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La alternativa del Inpec que quedó en el papel
Cuando construir o adecuar un edificio propio se convierte en un reto logístico, la ley colombiana ofrece salvavidas institucionales. Para los municipios que no cuentan con infraestructura carcelaria, la normativa permite tercerizar esta responsabilidad mediante alianzas estratégicas.
No obstante, el Ministerio Público constató que la administración local tampoco exploró esta vía de escape. Según el expediente disciplinario, la Alcaldía de Dosquebradas omitió suscribir un contrato o convenio formal con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cerrando así la única puerta inmediata para aliviar la presión humana en las estaciones de policía del municipio.
Cargos formales: el inicio del juicio disciplinario
Ante este escenario de parálisis administrativa, la Procuraduría General de la Nación decidió pasar de la indagación previa a la acción, formulando un pliego de cargos oficial contra Jorge Diego Ramos Castaño, en su calidad de exalcalde y representante legal del municipio, y contra Juan Carlos Sepúlveda Montoya, en su condición de secretario de Gobierno de la época.
“Los funcionarios, al parecer, no adelantaron las gestiones necesarias para construir o adecuar un espacio destinado al funcionamiento de un Centro de Detención Transitoria, incumpliendo sus deberes funcionales y de liderazgo frente a esta problemática”, detalla la providencia del ente de control disciplinario.
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