La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un fallo histórico que declara la responsabilidad civil solidaria de la Diócesis de Pereira en un caso de abuso sexual infantil cometido por un cura, quien también era docente de matemáticas, dentro de las instalaciones de un colegio público en la capital de Risaralda. Esta decisión marca un precedente en materia de protección de los derechos de la infancia y la rendición de cuentas de instituciones religiosas.
Fallo modifica decisiones judiciales anteriores
El caso se remonta al año 2011, cuando los familiares de un menor víctima de acceso carnal abusivo solicitaron la apertura de un incidente de reparación integral. Un juzgado de Pereira, en primera instancia, exoneró de responsabilidad a la Diócesis de Pereira y a la Conferencia Episcopal de Colombia, negando además la indemnización a dos familiares del menor.
En 2021, el Tribunal Superior de Pereira, en segunda instancia, confirmó esta decisión y ratificó que el municipio de Pereira tampoco podía ser vinculado ni declarado responsable dentro del proceso. Sin embargo, el reciente fallo de la Corte Constitucional revocó esa sentencia.
Corte ordena reparación y medidas preventivas
La Sala Plena de la Corte concluyó que sí existe responsabilidad civil extracontractual por parte de la diócesis y ordenó emitir una nueva sentencia que contemple:
- Declarar la responsabilidad civil solidaria de la Diócesis de Pereira.
- Reconocer el daño moral a otros dos familiares del menor: su prima y su tío.
- Fijar la indemnización por daño a la vida de relación del menor afectado.
- Establecer medidas de reparación simbólica, conforme al principio de reparación integral.
Además, el alto tribunal dispuso que la Diócesis de Pereira y la Conferencia Episcopal de Colombia deben implementar medidas concretas para prevenir y denunciar casos de abuso sexual en el futuro.
Denuncias deben ser remitidas a las autoridades competentes
Como parte del fallo, la Corte ordenó a las autoridades eclesiásticas remitir todas las denuncias de abuso sexual presuntamente cometidas por miembros del clero al ICBF, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades serán las encargadas de investigar y garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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Asimismo, la Corte exige que la Iglesia establezca protocolos claros de denuncia, mecanismos de protección y normas de actuación en todos los casos donde se sospeche que un sacerdote o párroco incurrió en actos de abuso sexual infantil.
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