Con la entrada en vigencia de la Ley 2450 de 2025, también conocida como la nueva Ley del Ruido en Colombia, las ciudades de Pereira y Dosquebradas se han convertido en referentes nacionales por su compromiso con la reducción de la contaminación acústica y la construcción de políticas públicas orientadas a la convivencia ciudadana. Esta legislación marca un hito al establecer directrices claras para gestionar el ruido en todo el territorio nacional, enfocándose en la prevención, la pedagogía y el equilibrio entre la economía y el bienestar social.
Una política pública para garantizar la calidad acústica
La Ley 2450 del 4 de marzo de 2025 tiene como objetivo la creación de una política pública nacional en materia de calidad acústica, con lineamientos que deben ser adoptados por las autoridades regionales en los próximos 12 meses. En Pereira, Diego Fernando Ramírez Sánchez, abogado asesor de la Oficina de Control y Vigilancia y de la Secretaría de Gobierno, explicó que la estrategia local se basa en un enfoque preventivo y pedagógico, bajo las directrices del alcalde Mauricio Salazar.
“El objetivo no es castigar, sino sensibilizar y educar. Muchos comerciantes ni siquiera saben si están cumpliendo o no con la norma”, comentó Ramírez, destacando la importancia de acompañamiento y asesoría integral para que los establecimientos puedan adaptarse sin afectar sus actividades económicas.
Trabajo articulado con la comunidad y el sector comercial
Uno de los aspectos más destacados de esta implementación es el diálogo constante entre autoridades, comunidad y comerciantes. Reuniones periódicas han permitido alcanzar acuerdos voluntarios, seguimiento conjunto y canales de comunicación directos para mantener la sana convivencia en Pereira. Además, el municipio ha desplegado más de 40 funcionarios, conocidos como la patrulla del ruido, quienes realizan visitas diurnas y nocturnas con fines pedagógicos y preventivos.
En Dosquebradas, la secretaria de Gobierno, Melissa Carmona Gómez, informó que el trabajo se ha centrado en zonas históricamente conflictivas como La Badea, donde ya se han aplicado cierres de establecimientos por exceso de ruido y ahora se avanza en la etapa de sensibilización con el respaldo de entidades como la Cámara de Comercio y los gestores de convivencia.
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Sanciones ejemplares y avances en insonorización
La implementación de la ley ya ha dejado precedentes importantes. En Pereira, el pasado viernes, la Inspección 21 de Policía impuso una sanción de 35 millones de pesos a Zelva, un establecimiento reincidente desde 2022. Según Carolina Palacio, funcionaria de la oficina de Control y Vigilancia, esta podría ser la primera sanción de esta magnitud en el país bajo la nueva normativa. Además del pago, se le exigió una insonorización completa en un plazo de 30 días, lo que evidencia el compromiso de las autoridades con la aplicación efectiva de la ley.
Por su parte, Dosquebradas se prepara para adquirir equipos de sonometría certificados, fundamentales para realizar mediciones técnicas válidas en procesos sancionatorios. El próximo 12 de junio se realizará una reunión clave con comerciantes de La Badea para socializar los alcances de la ley y los pasos hacia la insonorización.
Un modelo para Colombia en gestión del ruido urbano
Ambos municipios continúan en la etapa de pedagogía, pero dejan en claro que esta será seguida de una fase más estricta, donde las sanciones formarán parte del proceso si no hay cumplimiento voluntario. “El llamado es a encontrar un equilibrio. Que tanto los comerciantes como los residentes puedan convivir en armonía, desarrollando sus actividades sin perturbar la tranquilidad del otro”, expresó Carolina Palacio.
La experiencia de Pereira y Dosquebradas ofrece un modelo replicable para otras ciudades del país que deberán enfrentar pronto la implementación de la Ley del Ruido en Colombia. Esta norma no solo busca regular decibeles, sino también promover una cultura de respeto, civismo y corresponsabilidad.
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