La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció con firmeza el desmantelamiento del cartel que perpetraba extorsiones contra comerciantes en la plaza de mercado de Tuluá, impactando los costos de productos básicos en la región.
En una operación coordinada, las autoridades lograron la captura de 21 integrantes del grupo delictivo conocido como ‘La Inmaculada’. Entre los detenidos, destacan alias ‘Omar’, jefe de finanzas; ‘Karen’, pareja sentimental de ‘El Enano’, y ‘Santiago’, hijo de ‘Omar’, encargado de la recaudación de fondos ilícitos. Este golpe contundente fue posible gracias a la colaboración entre la Policía, Dijin y Fiscalía.
Durante seis meses de investigación, se descubrió que el cartel forzaba a los productores a venderles al precio que exigieran, al tiempo que extorsionaban a los comerciantes de la Galería, afectando la economía local y generando ganancias mensuales de hasta 300 millones de pesos.
Los productos afectados por estas prácticas incluían plátano, tomate, queso, cítricos y cilantro, entre otros. La gobernadora destacó que estos actos elevaban significativamente los precios de los alimentos, perjudicando a los consumidores locales.
Ante esta situación, la Gobernación y Alcaldía de Tuluá trabajan en estrategias para garantizar precios justos y asequibles. Además, se planea la creación de un centro de acopio para controlar los precios y apoyar a los productores locales.
El Coronel Elver Alfonso, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, resaltó la importancia de las pruebas recolectadas, que serán fundamentales para la imputación de cargos. Invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa en la Línea 165.
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En relación a los recientes ataques contra funcionarios del Inpec, la gobernadora Toro los atribuyó a una «retaliación» contra la lucha frontal contra la delincuencia. Desde enero, se han implementado medidas para garantizar la seguridad en Tuluá, en colaboración con la Policía y el Ejército.
El contundente golpe contra este cartel representa un paso significativo en la lucha contra la delincuencia en la región, y demuestra el compromiso de las autoridades en proteger los intereses y la seguridad de la comunidad.
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