Carlos Alberto Bermúdez Cardona | Cartago | 12 FEB 2017 – 12:37 am
El pasado miércoles en sesión ordinaria en el Honorable Concejo Municipal, HCM, se adelantó el, anunciado, debate sobre el manejo de las zonas azules en la ciudad de Cartago en el Norte del Valle; dando inicio con la intervención de los representantes de las asociaciones que visibilizan a la población en situación de discapacidad como lo son: Adiscasir, Asocar y la Cabaña; responsables de tiempo atrás de su funcionamiento.
En el orden también de intervención siguió la Secretaria (E) de Transito, Movilidad y Transporte de Cartago, Mónica Salazar Naranjo, para finalmente, adelantar el debate, los concejales responsables de realizar el control político al, tal parece, cuestionado manejo de las ya mencionadas zonas azules.
Las diferentes intervenciones y debates dejaron en claro, para los observadores, que más allá del Acuerdo 017 de 29 de junio 2016 «Por medio del cual se establece el sistema de estacionamiento autorizado en vía pública denominado «zonas azules», en el municipio de Cartago, valle del cauca, para la recuperación y racionalización del uso del espacio público y se dictan otras disposiciones», es urgente y necesario su reglamentación para alcanzar el adecuado control manejo del espacio público a través de dicha herramienta.
Allí quedo consignada la competencia de las autoridades para fijar la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes; la forma de recaudo y destino de esos flujos de caja, así como sitios, costos, horarios y número de vehículos por zona entre otros; procedimientos que en su mayoría no se aplican en la actualidad.
Otro de los temas que quedó resuelto fue la responsabilidad de su manejo que quedo en manos de las ya citadas asociaciones de personas en situación de discapacidad; como lo había manifestado, esa noche, el presidente del HCM, Víctor Alfonso Alvares Mejía, refiriéndose a esas ONGS… “De las que el Estado exige especial atención y protección”, por su vulnerabilidad…Entonces no se les podía privar de esa forma de empleo y de los recursos económicos que se derivan de ese manejo.
A dicha conclusión se llegó, un par de días después, en reunión en el despacho del con el alcalde Carlos Andrés Londoño Zabala, como integrante de ese comité de movilidad, tránsito y transporte.
Si bien es cierto organizar, reglamentar y darle correcta aplicabilidad al manejo de dichas zonas azules, esa sola iniciativa solo resuelve parte del problema de la movilidad en la ciudad de hecho no es factor determinante.
El problema es muchísimo más complejo y por supuesto requiere del concurso del sector institucional, empresarial y de la comunidad en general. ¿Rigen principios y valores?
¿Está la comunidad en capacidad de entender la verdadera dimensión de dicha problemática como lo es la movilidad? que cada día exige más el encontrarle una solución de fondo por las consecuencias – de su éxito o fracaso – en el desarrollo armónico e integral de la ciudad región.
Para tratar de darle claridad al asunto, empecemos por entender que la movilidad es un derecho que está contemplado en el Artículo 24 de la Constitución Política, “…todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público…”.
También Ley 769 de 2002. El “Código Nacional de Tránsito” dicta normas que rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.
Y que establece los siguientes principios rectores: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.
Define cuales son las autoridades de Tránsito: Ministerio de Transporte, Dirección de Tránsito y Transporte, Fuerza Pública (Policía Nacional, Ejército Nacional), Gobernadores, Alcaldes, Inspectores, Destinatarios: peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas y agentes de tránsito.
Con tantos responsables, en muchas ocasiones, se diluye la responsabilidad de la aplicabilidad de dichas normas; aparte del rápido crecimiento demográfico y de producción de bienes y servicios que cada día hacen más compleja la libertad de movilización y la responsabilidad del uso del espacio público por parte de vehículos y peatones.
Una vez reglamentado y funcionando las zonas azules; cabe preguntarnos ¿Dispone la Secretaria de Transito, Movilidad y Transporte de Cartago de un Plan Maestro de movilidad? ¿Existe un plan de acción de las secretarias responsables de su aplicabilidad?
Lo anterior porque, a ella, le corresponde el manejo como autoridad suprema del tránsito la cual debe definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política municipal en materia de tránsito.
Y a la Secretaria de Gobierno Municipal el velar por la preservación de un ambiente sano (libre de todo tipo de contaminación, visual, auditiva, emisión de gases, etcétera) y la protección del uso común del espacio público.
Al tiempo ese plan de movilidad, debe de tener contemplado el desarrollo de una infraestructura del transporte; tener constituido un sistema de transporte que involucre a todas las Empresas de la ciudad, y vistas como estructuras empresariales, para su control y seguimiento.
¿Existe algún archivo documental que permita identificar el número de empresas transportadoras el registro de vigilancia y control al trasporte público de buses, busetas, microbuses, taxis, servicio escolar y mixto?
Dispone, la secretaria, de estadísticas sobre el aumento del parque automotor de vehículos públicos, así como su renovación, censo de motocicletas, de vehículos particulares que impacten la movilidad en la ciudad.
La ciudad crece demográficamente, lo que le exige el rápido diseño y actualización de las diferentes políticas públicas que reglan la movilidad, el tránsito y el transporte en la ciudad.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tema de la educación ciudadana, parte de la solución de este fenómeno, se obtiene mediante un trabajo de equipo a través de una alianza estratégica entre la Fuerza Pública, la Secretaria de Transito, Movilidad y Transporte más la Secretaria de Gobierno.
Cuya principal misión es la “…seguridad, movilidad, prevención y aplicación de la norma, avanzando de manera progresiva en el desarrollo y fortalecimiento de procesos de prevención, pedagogía y sensibilización en general, con énfasis en la población adolescente…”. En otras palabras hay que ir hasta los colegios y universidades, para dar cátedra sobre esta problemática y en la calle para el universo de conductores y peatones.
Está claro que la labor preventiva, capacitación, comparendos pedagógicos, es importante para crear conciencia de los riesgos no solamente económicos, sino físicos, a que se enfrentan los infractores; pero para actuar, lo primero es determinar qué tipo de infracciones se presentan con mayor frecuencia a saber: Infracciones a motocicletas, infracciones por exceso de velocidad, por falta de revisión técnica mecánica y de gases, maniobras peligrosas (ir en contravía, giros riesgosos, violación de semáforos, etcétera) conducir sin licencia de conducción, no haber obtenido licencia de conducción, sobrecupo, conducir sin los seguros ordenados por la ley, y estado de alicoramiento y/o embriaguez.
Una de las principales falencias es el número de guardas de tránsito, entonces se hace necesario del apoyo logístico a través de la fuerza pública (Policía y Ejercito) aunado un trabajo con los funcionarios de la Secretaria de Gobierno en lo que concierne al adecuado uso y manejo del espacio público, es decir estas tres entidades Transito, Gobierno y Fuerza Pública; deben desarrollar un plan estratégico que permita que la ciudadanía sienta la presencia de la autoridad para el cumplimiento de la ley y se logren las primeras evidencias del cambio comportamental en el colectivo social en una adecuada expresión de cultura ciudadana, solidaridad, respeto por las normas, ambientes seguros y limpios, todo tendiente a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Toda esta problemática debe de ser tratada “…a través de la promoción de una verdadera cultura ciudadana; la vida en sociedad exige bases sólidas de convivencia para lograr el respeto a las normas de tránsito y priorizar la vida de conductores, pasajeros y peatones…”
La estrategia debe partir de labores preventivas (comparendos pedagógicos) y pasar a una fase correctiva, sancionando pecuniariamente al infractor, pero simple con una mano firme, ejerciendo un liderazgo desde el agente o guarda hasta el Secretario sobre el que recae la competencia de hacer cumplir las normas; por que el tema de la movilidad es muy complejo y maneja muchas variables, pero hay dos que son pilares fundamentales las cuales son: utilización del espacio público y la circulación y es ahí donde entra a jugar en firme el adecuado manejo de las zonas azules. Amanecerá y veremos.
Carlos Alberto Bermúdez Cardona | CiudadRegion
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