La Fiscalía detectó que los tanqueos de combustible se ejecutaban de manera irregular a vehículos no oficiales, así como el suministro de aceite para motocicletas cuando no era para ese tipo de vehículos.
Ante un juez de control de garantías de Zarzal, norte del Valle, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos secretarios de gobierno de esa localidad, por presuntamente incurrir en el delito de delitos de interés indebido en la celebración indebida de contratos; peculado por apropiación; fraude procesal; falsedad ideológica en documento público y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y uso de documento falso.
Según lo revelado por la Fiscalía, se trata de los ex secretarios de gobierno Hernán Posada Ponce y Juan Carlos Aguilar Cárdenas, quienes en su calidad de funcionarios públicos que para esa época, fungían como secretarios de gobierno titular y encargado, respectivamente.
De acuerdo a las labores investigativas, los hechos ocurrieron entre los años 2020 y 2021, en el que Batallón BITER 3 del municipio de Zarzal (Valle del Cauca) celebró un contrato con el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), por un valor $ 6’000.000, cuyo objeto era prestar el suministro de combustibles Diesel, grasas y lubricantes para vehículos de esa entidad.
Se pudo establecer con las indagaciones realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Dijín de la Policía Nacional, que el contrato se cumplió en su totalidad, pero, al parecer, habrían continuado los tanqueos de gasolina corriente de manera irregular a vehículos no oficiales y se habría suministrado aceite para motocicletas de dos tiempos. Estas irregularidades se extendieron hasta el año 2023.
Además, las autoridades pudieron evidenciar que, al parecer, se alteraron documentos del contrato, falsificaron facturas y habrían firmado documentos con el fin de acreditar supuestos consumos de combustible.
Para la Fiscalía, Posada Ponce y Aguilar Cárdenas, como supervisores del contrato en mención y como servidores públicos debieron garantizar el adecuado cumplimiento de lo consignado en él y no lo hicieron; permitiendo, supuestamente, la ejecución irregular del mismo.
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Ante estos hechos y evidencias, la Fiscalía solicitó orden de captura contra los hoy imputados, quienes se entregaron voluntariamente ante personal de la Dijin de la Policía Nacional, el pasado 21 de marzo, en Zarzal.
Por decisión del juez, los dos ex secretarios, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento, privativa de la libertad, en su lugar de residencia.
Por estos mismos hechos fueron capturados y judicializados cinco militares del Batallón Biter 3 y dos particulares.
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