
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la multa a Ferrocarriles del Pacífico por incumplir el contrato del tren La Tebaida – Buenaventura, una decisión que deja en firme la obligación de pagar $97.969.201.936 por los perjuicios causados a la Nación.
El fallo respalda la actuación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que en 2019 había declarado la caducidad del contrato tras evidenciar incumplimientos graves en la operación y mantenimiento del corredor férreo.
Se confirma la pérdida del contrato ferroviario
Con la decisión judicial del 28 de enero de 2026, el alto tribunal ratificó que la concesión perdió el contrato que tenía con el Estado para la rehabilitación y operación del tren que debía cubrir la ruta Buenaventura-Cali-La Felisa-Zarzal-La Tebaida.
La determinación valida la actuación de la ANI, que había declarado la caducidad contractual en noviembre de 2019, cancelando anticipadamente el acuerdo por incumplimiento.
De esta manera, la caducidad del contrato del tren Buenaventura – La Tebaida queda plenamente respaldada por la justicia administrativa.
¿Por qué se canceló el contrato?
Según la entidad estatal, la empresa incumplió obligaciones esenciales relacionadas con la operación y conservación del proyecto ferroviario.
Entre las fallas señaladas por la ANI se encuentran:
- No prestar correctamente el servicio de transporte de carga.
- No realizar el mantenimiento adecuado a las vías férreas entregadas en concesión.
- No mantener en buen estado los equipos ferroviarios.
Estos incumplimientos llevaron a la multa de 97.969 millones de pesos a Ferrocarriles del Pacífico y a la terminación anticipada del contrato en 2019, decisión que fue ratificada en 2020.
La empresa demandó, pero el Tribunal negó sus pretensiones
Tras la sanción, la concesión interpuso una demanda contra la ANI buscando anular las resoluciones administrativas y obtener una indemnización.
Sin embargo, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre Ferrocarriles del Pacífico concluyó que la ANI actuó dentro de sus competencias legales y respetó el debido proceso durante la investigación y sanción.
El Tribunal determinó que la entidad tenía la facultad contractual para declarar la caducidad ante incumplimientos graves y que la empresa contó con todas las garantías procesales.
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Multa queda en firme por casi 98 mil millones de pesos
Con esta decisión judicial, queda en firme la obligación de la empresa de pagar $97.969.201.936 al Estado colombiano, cifra que corresponde a los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato.
El presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, señaló que el fallo respalda la capacidad institucional para sancionar a concesionarios que no cumplan con sus obligaciones contractuales.
Por su parte, el vicepresidente jurídico de la entidad, Ariel Lozano, afirmó que durante todo el proceso se respetaron las garantías legales de la empresa.
Impacto para la infraestructura férrea en Colombia
El caso se convierte en un precedente relevante en materia de sanciones a concesiones ferroviarias en Colombia, especialmente en proyectos estratégicos para la conectividad entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.
La ANI reiteró que continuará vigilando que las empresas encargadas de proyectos públicos cumplan con lo pactado contractualmente, con el objetivo de proteger los recursos del Estado y garantizar la ejecución eficiente de obras de infraestructura.




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