Después de ocho meses de prisión, el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, ha recobrado su libertad. La decisión fue emitida por un juez penal, quien revocó la medida de aseguramiento en centro carcelario que había sido impuesta sobre él desde el 29 de febrero de este año. La detención de Gómez Aguirre se dio en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la contratación pública durante su administración (2019-2023).
Detalles de la investigación y cargos presentados
La Fiscalía General de la Nación sostiene que Gómez Aguirre y otros cuatro exfuncionarios de su administración habrían utilizado sus cargos para realizar contrataciones que, según las acusaciones, no cumplían con los requisitos legales. El objetivo de estas irregularidades habría sido beneficiar la campaña política de uno de los candidatos que aspiraba a suceder a Gómez en las elecciones de 2024.
Entre los cargos que enfrenta el exalcalde están concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por uso. Junto a Gómez Aguirre, los exsecretarios de Gobierno Jorge Alexánder Gallego y John Fredy López también recuperaron su libertad recientemente, mientras que el proceso judicial continúa para todos los implicados. Sin embargo, dos personas permanecen privadas de la libertad: Eliana Andrea Bedoya Bueno, exsecretaria de Hacienda, y el contratista Javier Hárrison Amaya.
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El proceso judicial continúa
A pesar de la liberación de John Jairo Gómez y otros exfuncionarios, el caso sigue bajo revisión de la Fiscalía, que evalúa la evidencia presentada. La entidad ha reafirmado su compromiso de investigar el presunto direccionamiento de recursos públicos y personal municipal hacia intereses políticos particulares, acción que iría en contra de la transparencia en el uso de recursos públicos y del marco legal en la administración de los mismos.
El exalcalde Gómez Aguirre mantiene su defensa, asegurando que no incurrió en ninguna irregularidad y que los procesos de contratación durante su administración se llevaron a cabo bajo la normatividad vigente. No obstante, el proceso sigue en curso y las pruebas presentadas por la Fiscalía continúan siendo analizadas, lo que podría derivar en nuevas audiencias y decisiones judiciales.
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