De conformidad con lo dispuesto en la Ley 65 de 1993, modificada en algunos artículos por la Ley 1709 de 2014, Decreto 1365 de 1992 y Decreto 0393 de 2006, el secretario de Gobierno del Valle, Jorge Homero Giraldo y el subsecretario de Convivencia y Seguridad, Freddy Omar Osorio Ramírez, de manera conjunta con los representantes de los organismos que conforman la Comisión Departamental de Inspección y Seguimiento del Régimen Penitenciario y Carcelario del Valle del Cauca, realizan seguimiento y evaluación a la situación carcelaria en la región.
“Ante la falta de una regulación de leyes expedidas en materia criminal y de presupuesto para atender los requerimientos penitenciarios y carcelarios, la situación de nuestro Departamento, cada día se torna más difícil, de allí la necesidad de esgrimir propuestas concretas para dar solución a la problemática carcelaria del Valle, considerando que la comarca vallecaucana se encuentra enmarcada administrativamente, en la aplicación de la Ley 550”, indicó Jorge Homero Giraldo.
El funcionario señaló que se ha venido dirimiendo la problemática que presentan las principales cárceles de ciudades y municipios del Departamento, encontrando soluciones, como la firma de un convenio con el Ministro de la Defensa, para la construcción de un nuevo Establecimiento Carcelario en el Puerto de Buenaventura.
“Si bien se construyó un nuevo centro carcelario en el municipio de Jamundí, se suponía que el hacinamiento de las cárceles de Cali y otros de ciudades aledañas descendería, pero no sucedió así puesto que a dicha municipalidad, llegaron internos de otras regiones del país”, dijo el titular de gobierno.
Aprovechando el respaldo de la Sentencia sobre la corresponsabilidad que tienen los departamentos y municipios con los centros de reclusión, Homero Giraldo afirmó que se deben adelantar gestiones y acercamientos con la Asamblea Departamental y los concejos municipales para la consecución de recursos e ir aliviando la problemática de estos reclusorios. “Ya se está gestionando ante la Unidad de Acción Vallecaucana y la Cámara de Comercio la dotación de salas virtuales y la asignación de más estudiantes de derecho por parte de las universidades de la región. De todas maneras el problema del hacinamiento extremo que afrontan los establecimientos carcelarios, viene involucrando a todo el sistema de justicia, el Estado y su solución es brindar una respuesta integral”, expuso el Secretario de Gobierno.
“Estamos estudiando la propuesta del sistema carcelario de Santa Marta expuesta en oficio enviado por la Procuraduría Delegada al Ministerio Público en Asuntos Penales, cuyos considerandos pueden ser aplicados con relación a los beneficios contemplados en la Ley 1709 de 2014, que establece que se puede ubicar un Juzgado de Descongestión directamente en el establecimiento carcelario, el cual se encargará de diligenciar las audiencias de manera oral; la Defensoría del Pueblo debe asignar un número suficiente de abogados defensores, en los establecimientos del INPEC, las alcaldías y los concejos municipales en calidad de préstamos y en sus posibilidades facilitar la dotación de computadores, grabadoras y demás elementos para el inicio en los centros carcelarios, mientras que por parte del Consejo de la Judicatura se suministren los equipos y elementos necesarios”, expresó el funcionario.
La Comisión Departamental de Inspección y Seguimiento del Régimen Penitenciario y Carcelario del Valle del Cauca aconsejó hacer un barrido de la base de datos de los internos para identificar a los reclusos que en principio tienen derecho para acceder a los beneficios subrogados o encontrar los mecanismos sustitutivos de la pena, en los términos previstos en la Ley 1709 de 2014, información que posteriormente debe ser suministrada a los señores jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
Se debe comprometer a los funcionarios de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para actualizar las hojas de vida de los internos
También se plantea la necesidad de hacer unos formatos de solicitud de Audiencias para estos casos, los que se pondrían a disposición de la Oficina Jurídica de la Cárcel y el Centro de Servicios Judiciales, de los juzgados de Penas. Se debe comprometer a los funcionarios de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para actualizar las hojas de vida de los internos, para facilitar la acreditación de los arraigos, “iniciaré una aproximación para invitar al Ministro de Justicia, al Ministro de Hacienda, al Defensor del Pueblo, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura y demás entidades comprometidas en el manejo carcelario en el país, para realizar una reunión con carácter urgente hacia el futuro inmediato”; puntualizó, Jorge Homero Giraldo.
A la Comisión Departamental de Inspección y Seguimiento del Régimen Penitenciario y Carcelario del Valle del Cauca asisten de manera especial las directoras regionales del INPEC para el occidente colombiano, Comandante Regional de Vigilancia del INPEC, la Procuradora Departamental del Valle, Presidente Tribunal de Buga y el acompañamiento de las distintas fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros.
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