El Gobierno del Valle denunció la irregular situación y advirtió que se trata de un requisito ilegal, por lo que notificó al Ministerio de Salud.
«Este es un requisito ilegal y además muy inconveniente. La prueba del PCR es igual a una fotografía, que es la del día de ayer o la semana pasada, pero no habría posibilidad de estar actualizando la foto para saber el estado de la presencia del virus en un trabajador», dijo María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud.
La funcionaria agregó que de ser así «estarían quitando una oportunidad de diagnóstico donde realmente lo necesitamos», sostuvo.
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«Una prueba de COVID, es exactamente una prueba diagnóstica para COVID-19 cuando tenemos un caso sospechoso cumpliendo unos parámetros estrictos», explicó Lesmes.
La Secretaria de Salud informó que en el Valle del Cauca se están procesando alrededor de 1.300 pruebas, cuando debería estar en 3.000.
Lesmes denunció que «estamos observando que están siendo usadas por solicitantes sin ninguna sintomatología, sin ninguna condición epidemiológica y lo único que están causando es un retraso permanente en las personas a las que sí necesitamos tomar las pruebas».
De otro lado, la Secretaria Departamental de Salud advirtió que es una condición ilegal.
Los empleadores no tienen por qué pedir PCR a un trabajador o a un futuro trabajador porque esto no les garantiza ninguna seguridad de no llevar el virus a la empresa. Pero si es un gasto adicional para los aspirantes, pues una prueba oscila en $300.000, y lo más problemático es la congestión que causan en el servicio de salud en el momento en que más se necesita.
A esto se suma, indicó la funcionaria, que el resultado podría generar una falsa tranquilidad en las personas y llevar a que descuiden las medidas de autocuidado frente al Coronavirus.
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