Consejo de política social ampliado presentó informe sobre infancia, adolescencia y familia

Olga Beatriz Collazos R | Cali | 22 JUL 2013 – 6:29 am

Con la presencia del gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado Blandón, de la Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y los 42 alcaldes del Departamento, se realizó el segundo Consejo Departamental de Política Social ampliado en la Cámara de Comercio de Cali. Durante la jornada se socializaron los resultados de la evaluación a los informes de gestión sobre la garantía de los derechos de la infancia la adolescencia y la juventud para el año 2011 en el Valle del Cauca.

se vienen implementando programas de bienestar social a través de la Secretaría de Desarrollo Social

A través de este informe se identificaron retos, dificultades y requerimientos, que tiene el departamento, lo que servirá de insumo para el desarrollo de nuevos proyectos de beneficio para este sector poblacional, indicó el Gobernador, Ubeimar Delgado tras resaltar que desde que inició su gobierno, en el segundo semestres del 2012, se vienen implementando programas de bienestar social a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del Despacho de la Gestora Social del Departamento. El mandatario resaltó la gestión realizada desde la Gobernación del Valle del Cauca en materia de desayunos escolares y transporte escolar rural.

 “El Departamento cuenta con políticas públicas construidas, con actores institucionales, sociales entre ellos docentes, cuidadores y padres de familia y los mismos niños, niñas adolescentes y jóvenes, políticas que son parte integral del plan de desarrollo 2012 – 2015 “Vallecaucanos Hagámoslo bien”, sostuvo el Gobernador.

Este ejercicio, realizado por la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, se viene realizando en todos los departamentos, con el ánimo de transmitir a los gobernantes las principales conclusiones derivadas del proceso de rendición pública de cuentas en garantía de derechos e incorporar sus propuestas en los compromisos para una agenda conjunta entre nación y región.