Secretario de Gobierno de Cartago denuncia que policía le niega esquema de seguridad

El Espectador | Bogotá D.C. | 23 JUL 2015 – 10:39 am

Luego del homicidio del abogado José Ignacio Londoño Zabala, y quien aspiraba a ser alcalde de Cartago (Valle del Cauca), dos funcionarios de la actual administración y cercanos a Londoño denunciaron este martes que habían recibido amenazas de muerte por lo que requieren que les sea garantizada su seguridad.

A través de una grabación telefónica, en la que supuestamente habla el coronel García de Cartago, el Secretario de Gobierno de Cartago, Álvaro Felipe Rengifo y el presidente del Concejo, Luis Zapata, denuncian que el coronel del departamento dio la orden de retirar el esquema de seguridad y no brindarles seguridad cuando se desplacen por el departamento. 

“Yo tengo la orden que dio mi coronel es la revista de los lugares de donde ustedes trabajan y viven, se les va a pasar revista permanentemente”, se escucha en el audio. (Escuche aquí la grabación: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/grabacion-probaria-retiro-de-esquema-de-seguridad-dos-f-audio-574420)

De acuerdo con la voz de la grabación, la Policía sólo prestará el servicio de inspección en sus lugares de trabajo y hogar, por lo que los funcionarios aseguran que su vida corre peligro y las autoridades “no hacen nada” para garantizarles la seguridad.

“Que tristeza que un coronel del departamento dé la orden de no brindarnos seguridad (…) Esto deja mucho que pensar. A qué estará jugando EL CORONEL DEL DEPARTAMENTO, EL CORONEL GARCIA DE CARTAGO”, denuncia el Secretario de Gobierno.

Asegura que los que les pueda suceder a los dos funcionarios, debido a que en las amenazas recibidas les exigen salir del municipio en máximo 24 horas, es responsabilidad “de los dos señores antes mencionados ya que la orden del esquema de protección provisional la dio el juez de control de garantías a la Policía y ellos están omitiendo una orden judicial”.

Respecto a la muerte del abogado Londoño, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con la captura de los autores materiales e intelectuales de su muerte.