Advierten sobre riesgo en la continuidad del PAE en Cartago y otras 34 entidades territoriales

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una advertencia sobre el riesgo de interrupción en la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 35 entidades territoriales del país, entre las cuales se encuentra Cartago. Esta situación surge debido a la finalización de contratos o su próxima expiración, lo que compromete el suministro de alimentos a más de 652.964 niños, niñas y adolescentes.

Según el informe de la Procuraduría, municipios como Sabaneta, Sogamoso, Zipaquirá y Cartago ya han concluido sus contratos en el mes de marzo. Asimismo, otras localidades como Amazonas, Bello, La Estrella, Soledad, Cartagena, Duitama, Florencia, Cauca, Cundinamarca, Fusagasugá, Villavicencio, Norte de Santander, San Andrés, Barrancabermeja, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Ibagué y Cali, están en riesgo debido a que sus contratos finalizan en abril.

La incertidumbre en la continuidad del PAE también afecta a municipios y departamentos como Itagüí, Bolívar, Boyacá, Casanare, Funza, Girardot, y otros, cuyos contratos están programados para finalizar en mayo.

Estos datos alarmantes se derivan de informes proporcionados por funcionarios de las mismas entidades territoriales, así como de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), procuradurías y personerías, que han recopilado información en visitas y trabajos de campo.

Ante esta situación crítica, la Procuraduría ha solicitado información detallada a las autoridades respectivas sobre el estado de los nuevos procesos contractuales. Se recomienda que los nuevos contratos garanticen la prestación del servicio durante el resto del calendario escolar para evitar interrupciones.

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Además, el ente de control ha requerido a las entidades territoriales que expliquen las razones por las cuales, en los casos donde los contratos han finalizado, aún no se ha iniciado el proceso correspondiente para su renovación.

La Procuraduría continuará realizando acciones para anticiparse a los riesgos en la gestión pública y garantizar la prestación de servicios esenciales como el PAE y reafirma su compromiso de prevenir y evitar cualquier acción que afecte los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la alimentación escolar.