La Corte Constitucional ha emitido una orden para trasladar a 79 reclusos que se encuentran en condiciones de hacinamiento en el CAI Berlín de la Policía, en Cartago, Valle del Cauca.
La solicitud de traslado fue realizada por la Procuraduría General de la Nación, quien argumentó que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de estas personas.
La orden de la Corte Constitucional incluye a 69 hombres y 10 mujeres, quienes serán trasladados a centros penitenciarios de la región. La decisión se basa en la necesidad de proteger los derechos a la dignidad humana, vida e integridad física, salud, agua potable, igualdad y acceso a la administración de justicia de los reclusos.
El procurador señaló que las condiciones en el CAI Berlín son preocupantes, ya que las celdas tienen capacidad para solo 20 personas y cuentan con un sanitario y una ducha para el aseo personal de los reclusos. Además, la infraestructura presenta grietas y goteras, lo que causa filtraciones de agua cuando llueve.
Al respecto de esta decisión, La Corte Constitucional determinó que el traslado de los reclusos no es desproporcionado, considerando las «condiciones de infraestructura y hacinamiento que se presentan en el CAI, y, por lo tanto, resulta necesaria para evitar que se materialice el riesgo de derrumbe o incendio y proteger así los derechos fundamentales de los detenidos».
Como resultado, se ha instado a la Policía Nacional a cerrar las celdas del CAI Berlín hasta que se restauren las condiciones adecuadas para la detención transitoria de personas.
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En el mismo fallo, la Corte Constitucional reconoció y ratificó que los procuradores judiciales penales tienen el derecho de presentar acciones de tutela ante los jueces de la República para defender los derechos de las personas privadas de la libertad.
Esta noticia resalta la precaria atención en los centros transitorios, no solo en Cartago y en Cali, sino también en diferentes ciudades de Colombia, donde el problema del hacinamiento es recurrente. Es fundamental que se tomen medidas para garantizar condiciones dignas y respetar los derechos de todas las personas privadas de la libertad en el país.
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