Lo que se busca es evitar que en Risaralda se sufra la destrucción ambiental que se evidencia en el Chocó
En la instalación de la Junta de formalización minera con la presencia de la viceministra encargada y directora de Formalización Minera del Ministerio de Minas, María Grand Marín, el Gobernador Sigifredo Salazar Osorio, hizo un llamado al gobierno nacional para que se coordinen acciones de seguimiento y control para enfrentar la presencia de minería ilegal en límites con el Chocó.
Según el mandatario, el panorama de la minería en el departamento muestra que dentro de sus actividades económicas se cuenta con una minería artesanal y tradicional a pequeña escala. Solo el 6 % del territorio de Risaralda está dedicado a la actividad minera, en una escala de 1 a 100, es decir, que del total el 5 % está en etapa de exploración y el 1% únicamente en etapa de explotación.
La viceministra encargada del Ministerio de Minas, destacó el convenio que se firmó con la Carder para apoyar a 34 asociaciones que se dedican a la minería en el departamento, a quienes se les brindará asesoría técnica, formalización de los pequeños mineros y acceso a la bancarización y crédito.
Por su parte los Alcaldes del departamento solicitaron autorizaciones para el funcionamiento de las canteras locales y así agilizar la intervención y mantenimiento de vías terciarias.
Reacciones
Leandro Jaramillo director de la Carder, resaltó que van a beneficiar este año a cerca de 2000 personas a través de un convenio que le apunta a la formalización y que se ejercerá un control para el cumplimiento de todas las normas y requisitos en materia ambiental. En especial van a combatir la explotación ilícita.
El alcalde de Quinchía, Jorge Alberto Uribe, solicitó apoyo para la consecución de una licencia temporal para la cantera de su municipio, ya que ha sido de tradición minera, en especial, una minería de subsistencia. “Contamos con 400 mineros inscritos y en proceso de formalización, la minería no es solamente oro, es carbón, canteras y tenemos dificultades para legalizar las canteras, porque los permisos cuestan hasta 120 o 160 millones de pesos y si no dan el permiso nos vemos sometidos a investigaciones por detrimento patrimonial”, aseguró.
El alcalde de Santa Rosa de Cabal, Henry Arias, dijo que asumieron el compromiso de promover una consulta popular para que no exista minería en su municipio, y se sumó a la necesidad de contar con los permisos provisionales para las canteras.
Dato de interés
El sector minero es generador de 3000 empleos directos en Risaralda. En el caso de la minería de subsistencia, existen identificados 1.131 barequeros, inscritos en la página del SI MINERO del Ministerio de Minas.
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