Risaralda

Risaralda extiende por seis meses más la calamidad pública

Debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, este departamento tomó la decisión de extender la calamidad pública.

En Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, liderado por el gobernador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo Vargas, fue aprobada la prórroga de seis meses a la calamidad pública declarada el pasado 16 de marzo, debido a la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus.

En este Consejo participaron las secretarías de educación, salud, desarrollo económico, planeación, gobierno, infraestructura, los organismos de socorro, la Cárder, la Policía y el Ejército Nacional.

“Venimos en un incremento de casos, estamos ya en alrededor de 8500 casos, en el análisis con el Ministerio de Salud se plantea que la última semana de septiembre será el pico más alto en el departamento, y entraremos en una meseta, no habrá un pico y descenso inmediato, si no que probablemente tendremos 200 casos diario, lo que nos lleva a solicitar que se continúe la calamidad pública, lo que le permitirá tomar decisiones por el bien de los risaraldanses”, indicó Javier Marulanda, Secretario de Salud de Risaralda.

El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo debía darle concepto favorable o no al gobernador para decidir.

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«Citamos esta reunión para tomar la decisión de extender la calamidad pública que establece la Ley 1523 de 2012, por ello el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo debía darle concepto favorable o no al gobernador para decidir, se tuvieron dos intervenciones contundentes que fueron las del sector salud y el económico, donde se concluye que no están dadas las condiciones para retornar a la normalidad”, aseguró Diana Carolina Ramírez Laverde, Coordinadora Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Es preciso recordar que, la calamidad pública es la manifestación o uno o varios eventos o antropogénicos que desencadenan en la vulnerabilidad de los ciudadanos, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración en las condiciones normales de funcionamiento de la población en su territorio.

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