La urgencia manifiesta en Pereira fue declarada por la administración municipal para enfrentar una delicada crisis alimentaria de privados de la libertad que amenazaba con dejar sin comida a cerca de 160 personas detenidas en centros de reclusión transitorios de la ciudad. La decisión se adoptó el 31 de diciembre, justo cuando vencía el contrato de suministro de alimentos y no existía un relevo inmediato que garantizara la continuidad del servicio.
La situación se originó tras la negativa de la USPEC y alimentación de detenidos, entidad del orden nacional, a asumir la provisión de alimentos para las personas privadas de la libertad en condición de sindicados, una responsabilidad que, según la Alcaldía de Pereira, le corresponde al Gobierno nacional. Ante la ausencia de un operador contratado y el riesgo inminente de una vulneración masiva de derechos, la ciudad quedó contra el tiempo para evitar una crisis humanitaria.
Riesgo de vulneración de derechos fundamentales
La falta de suministro alimentario amenazaba con afectar directamente los derechos fundamentales de los privados de la libertad, quienes permanecen en estaciones de Policía y centros de reclusión transitorios de Pereira. El vencimiento del contrato sin una solución inmediata generó preocupación por posibles alteraciones del orden público, además del impacto humanitario que implicaría dejar sin comida a una población bajo custodia del Estado.
Ante este escenario, la Procuraduría Provincial de Instrucción interpuso una acción de tutela de la Procuraduría, con el objetivo de obligar a la USPEC a cumplir con su responsabilidad frente a la alimentación de los detenidos. Mientras se resuelve el pulso jurídico, un juzgado constitucional ordenó, como medida provisional, mantener el suministro de alimentos para evitar una vulneración de derechos.
La respuesta de la Alcaldía: medida temporal
Con el fin de garantizar la continuidad del servicio, la Alcaldía recurrió a la figura administrativa de la urgencia manifiesta en Pereira, que permite contratar de manera directa e inmediata cuando existe riesgo para la vida, la salud o la seguridad de las personas. Esta medida busca asegurar la alimentación de privados de la libertad en Pereira mientras se define de fondo cuál entidad debe asumir la obligación.
El secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos, aseguró que la situación está bajo control y que, desde el 1° de enero, los detenidos han recibido sus comidas completas:
“Desde el mismo 1° de enero, ellos han tenido la alimentación completa de sus desayunos, almuerzos, comidas y su respectivo refrigerio y estamos a la espera de que la Acción de Tutela, que interpuso la Procuraduría Provincial, sea resuelta por el juzgado constitucional de tutela, donde indique si le corresponde al USPEC encargarse de la alimentación, o si le correspondería al municipio de Pereira hacerlo. Mientras tanto el municipio viene cumpliendo y así lo hará hasta que haya ese fallo final.”
La administración municipal aclaró que la urgencia manifiesta es estrictamente temporal. Según el acto administrativo, esta medida se extenderá hasta el 15 de enero o hasta que exista una definición judicial que establezca con claridad la competencia institucional sobre esta obligación.
Disputa institucional por la responsabilidad
El fondo del problema radica en la discusión sobre la responsabilidad del Estado en alimentación de detenidos. Mientras la Alcaldía sostiene que corresponde a la USPEC, como entidad del orden nacional, asumir la alimentación de las personas privadas de la libertad sindicadas, la entidad ha negado dicha competencia en este caso específico, trasladando la carga a la administración municipal.
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Esta falta de claridad institucional dejó al municipio en una situación límite, obligándolo a actuar de manera inmediata para evitar una crisis humanitaria y preservar la seguridad en los centros de detención.
Llamado a una solución estructural
Aunque la medida adoptada ha permitido restablecer el servicio de manera provisional, desde la administración local y los entes de control se advierte que, de no resolverse pronto la tutela y definirse una solución estructural, Pereira podría enfrentar nuevamente una situación similar en cuestión de semanas.
El caso pone sobre la mesa un debate de alcance nacional sobre la USPEC y alimentación de detenidos, la articulación entre niveles de gobierno y la garantía efectiva de los derechos de las personas bajo custodia del Estado. Por ahora, la ciudad mantiene el suministro de alimentos, pero permanece a la espera de un pronunciamiento judicial que establezca de forma definitiva quién debe responder por esta obligación esencial.
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