En un movimiento sin precedentes, la Procuraduría General de la Nación ha decidido trasladar a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y al operador disciplinario varios casos en los que representantes legales de Empresas Sociales del Estado (ESE) y, en algunos casos, jueces de la república, han ejecutado medidas de embargo contra los recursos públicos destinados a la seguridad social en salud. Estos recursos, que por ley son inembargables, habrían sido objeto de embargo ilegalmente, violando disposiciones constitucionales y legales.
Cobros coactivos ilegales en el sector salud
La Procuraduría ha identificado un patrón en el que los representantes legales de varias Empresas Sociales del Estado (ESE), en colaboración con un presunto cartel de abogados, habrían ejecutado procesos de cobro coactivo contra recursos parafiscales destinados exclusivamente a la salud. Según se ha reportado, estos abogados podrían estar recibiendo hasta un 30% de los recursos recaudados de manera ilegal, lo que constituye una clara violación a las normativas vigentes.
La Circular 002 de 2023, emitida por el ente de control, prohíbe explícitamente el embargo de los recursos públicos de la seguridad social en salud, salvo en los casos excepcionales establecidos por la Corte Constitucional. Sin embargo, la Procuraduría ha señalado que, a pesar de esta directriz, algunos representantes legales de las ESE y jueces han hecho caso omiso de las disposiciones legales, ordenando embargos a los recursos administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la ADRES.
Empresas Sociales del Estado bajo investigación
Las Empresas Sociales del Estado involucradas en estas acciones están:
- ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira
- ESE Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná
- ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó
- ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte
- ESE Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá
- ESE Pedro Nel Cardona de Arboletes
- ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá
- ESE Héctor Abad Gómez San Juan De Urabá
- ESE La Anunciación de Mutatá
- ESE Hospital de II Nivel de San Marcos
- ESE Hospital La Divina Misericordia de Magangué
- ESE Hospital San Juan Bautista
- ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara
- Subred Integrada De Servicios de Salud Sur ESE
- Nueva ESE Hospital Dptal San Francisco de Asís
- Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE
- ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué
- ESE Hospital San Francisco de Asís (Liquidado)
- ESE San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal
- ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia
- ESE Centro de Salud con Camas de Montecristo Bolívar
- ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita
- ESE Hospital San Agustín De Puerto Merizalde
- ESE Hospital Local de Calamar
Estas entidades, según los informes, habrían adelantado procesos de embargo contra recursos inembargables de las EPS, desobedeciendo de manera directa las disposiciones constitucionales y las orientaciones dadas por la Procuraduría General de la Nación.
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Presiones indebidas a entidades bancarias y a la Superintendencia Financiera
La Procuraduría también ha advertido sobre posibles amenazas judiciales dirigidas a las entidades bancarias que, siguiendo la normatividad vigente, han rechazado las órdenes de embargo consideradas ilegales. A raíz de esto, la Procuraduría ha oficiado a la Superintendencia Financiera, alertando sobre las presiones ejercidas sobre estas entidades, con el fin de que se impartan las instrucciones necesarias para evitar la ejecución de medidas ilegales que puedan afectar los recursos de la seguridad social en salud.
Traslado de estos casos a la Fiscalía
La transferencia de estos casos a la Fiscalía busca una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades penales y disciplinarias de quienes están involucrados en estos actos irregulares. Esta situación es preocupante, dado que los recursos embargados están destinados a garantizar el acceso a la salud de miles de colombianos, lo cual ha generado un llamado a la pronta acción por parte de las autoridades judiciales.
El Ministerio Público reitera su compromiso con la defensa de los recursos públicos destinados a la salud y con la imposición de sanciones a aquellos que, en contravención de la ley, intenten apropiarse de estos fondos.
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