Nuevo paro armado del ELN en el Chocó agrava la crisis: ya van 11 bloqueos en dos años

El departamento del Chocó y los límites con Risaralda vuelve a estar en el foco de la atención nacional e internacional tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un nuevo paro armado, el número 11 en los últimos dos años. Esta vez, el grupo armado decretó un bloqueo de 72 horas en el río Baudó y sus afluentes, sumiendo nuevamente a la población civil en una atmósfera de miedo, confinamiento y desplazamiento.

El anuncio, realizado por el Frente de Guerra Occidental del ELN, establece que el paro regirá desde la medianoche del viernes 2 de mayo hasta las 00:00 del lunes 5, afectando directamente a comunidades vulnerables de esta zona del Pacífico colombiano. La estructura al margen de la ley, argumenta que su decisión se debe a los recientes enfrentamientos con el Clan del Golfo y a los daños colaterales que podrían derivarse de las operaciones militares en curso.

Según fuentes locales, esta es la segunda vez en 2025 que se decreta un paro armado en la región por parte del ELN, un hecho que revela la fragilidad del control estatal en el territorio y la gravedad del conflicto armado en el Chocó. La situación es especialmente delicada en zonas como Puerto Meluk y Pie de Pato, donde se han intensificado los choques entre estructuras ilegales por el dominio territorial y el control de economías criminales.

Una de las causas de esta crisis es la disputa entre alias Jerson, cabecilla del Frente Ernesto “Che” Guevara del ELN, y alias Piernas Limpias, líder de la subestructura Baudó del Clan del Golfo. El conflicto entre estas dos facciones ha dejado consecuencias devastadoras: en febrero pasado, al menos 6.000 personas fueron confinadas y más de 3.600 desplazadas, según datos oficiales. Los habitantes de las comunidades ribereñas viven atemorizados por el fuego cruzado, las minas antipersonales y las amenazas constantes.

ELN habla de presunta alianza entre Fuerza Pública y Clan del Golfo

En su más reciente comunicado, el ELN denuncia supuesta connivencia entre las Fuerzas Militares y el Clan del Golfo, asegurando que esta colaboración habría permitido establecer una ruta de narcotráfico en el medio y alto Baudó, con epicentro en Nuquí. Aseguran también que alias Piernas Limpias lidera un grupo de al menos 400 hombres armados y que ya controla varios corredores estratégicos para el transporte ilegal de droga.

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Uno de los episodios más recientes ocurrió el pasado 29 de abril, cuando una presunta emboscada del ELN a una lancha del Clan del Golfo dejó al menos seis personas muertas o heridas cerca de Pie de Pato. Aunque las autoridades aún no han confirmado los detalles del ataque, el temor entre la población crece.

Además, la tensión se agrava con la desaparición de Arnold Alexander Rincón, director de Codechocó, secuestrado el 26 de abril. Su paradero sigue siendo desconocido, y el silencio oficial no hace más que alimentar el clima de zozobra que reina en el departamento.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional y las autoridades locales no se han pronunciado oficialmente sobre este nuevo paro armado, lo que ha generado críticas por parte de la población y los mandatarios de regiones vecinas.

Ante esta situación, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, quien hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que convoque un Consejo Regional de Seguridad. El mandatario advirtió sobre las consecuencias de la expansión del conflicto armado hacia zonas limítrofes y solicitó una articulación inmediata entre los departamentos del Eje Cafetero y el Pacífico para frenar la amenaza de los grupos ilegales.

“El día de ayer estuvimos reunidos con delegados de los transportadores… hoy estamos invitando nuevamente al ministro de Defensa, a las distintas autoridades, a que generemos un Consejo de Seguridad para articular nuestras inversiones desde los fondos de seguridad de cada departamento”, afirmó Patiño.

El gobernador también alertó sobre la creciente preocupación del sector transportador, cuyos representantes han denunciado amenazas y bloqueos en la vía al Chocó, dificultando seriamente el tránsito y el comercio regional. En respuesta, se propuso reforzar la presencia del Ejército Nacional y la Policía en las vías principales de Risaralda, así como destinar mayores recursos de los fondos de seguridad para blindar el corredor vial hacia el Pacífico.