La prórroga por 27 años de la concesión vial entre Pereira y Cartago, con su cobro de peaje, ha desatado su polémica en el norte del Valle del Cauca.
Como un ‘Muro de Berlín’ es calificado por el Comité Cívico Empresarial, que ha liderado el inconformismo. La prórroga se atribuye a la construcción de 10 kilómetros de la doble calzada Cerritos-La Virginia.
La situación fue puesta sobre la mesa de la Asamblea Departamental. Uno de los argumentos es que el cobro se ha aplicado en las últimas tres décadas.
Javier González, vocero en los reclamos, dice que ese peaje impide la unión del Valle y Risaralda. Explica que se afecta la conexión de las ciudades y con el aeropuerto Santa Ana de Cartago. También le quita ritmo a la Ruta Nacional del Bordado.
La prórroga por 27 años de la concesión vial entre Pereira y Cartago, con su cobro de peaje, ha desatado su polémica en el norte del Valle del Cauca.
Antonio Ospina Carballo dice que“los vallecaucanos estamos secuestrados por los peajes”.
Ciudadanos del municipio inconformes por la caseta Cerrito II – El Tiempo
En opinión del diputado Julio César García se afecta el acceso al Patrimonio Cultural Cafetero, y se impide que estudiantes y trabajadores se movilicen con facilidad. Y se pregunta: “¿Por qué no se financia esa calzada por el orden nacional?”.
Con el peaje se financió la doble calzada Pereira-La Victoria. Bajo argumentos sobre el impacto en el fomento de la cultura, el turismo, la competitividad y el desarrollo económico de la Subregión Norte, el diputado Juan Carlos Rengifo dice que “la prórroga obstaculizará el trabajo mancomunado de Risaralda con el Valle del Cauca”.
Como un ‘Muro de Berlín’ es calificado por el Comité Cívico Empresarial, que ha liderado el inconformismo
El año pasado, habitantes de Cartago se quejaron por la doble caseta que generaría un incremento en el peaje, alrededor de 11.200 pesos, a pesar de que se propuso eliminar una de las casetas y conectar con las vías de La Virginia-Cerritos.
Desde 2017, la Cámara de Comercio de Cartago y el Bloque Parlamentario del Valle le pidieron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revisar esa situación.
Se estima que unos 6.000 vehículos circulan por esas vías para asuntos de familia, educación y trabajos.
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