El personal de planta de la Gobernación de Risaralda, específicamente Secretarios y Directores, son el primer grupo sometido a auditoría por la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Contratos de la Secretaría Jurídica, para adelantar el proceso de verificación de documentos, exigido por la Administración Departamental para ocupar sus cargos.
De acuerdo con la Directora de Recursos Humanos, Catherine Arcieri Arenas, la orden del Gobernador, Carlos Alberto Botero López, es evitar que la administración siga siendo objeto de actos que van en contravía de la ley y de la imagen de la institución.
“La responsabilidad de las dos direcciones vinculadas en este proceso, está relacionada con la verificación de la documentación que acredita los requisitos de estudio, tanto profesional, técnico, tecnólogo o posgrado, del funcionario o contratistas, para lo cual, nos estamos apoyando en las universidades e institutos, quienes son las que otorgan los títulos”, manifestó Arcieri.
Pero no solo los cargos directivos serán sometidos al proceso de auditoría, a partir de enero del año entrante, cada uno de los contratistas que van a ser vinculadas a la Gobernación, pasarán por este filtro.
Esta medida nos permitirá estandarizar el proceso de selección de los funcionarios de nivel directivo
“Esta medida nos permitirá estandarizar el proceso de selección de los funcionarios de nivel directivo, como contratistas, porque se tendrá una rigurosidad en el análisis de la documentación que se requiere para determinar la idoneidad de la persona para ocupar el cargo”, comentó la funcionaria.
“Verificar no es responsabilidad de la Gobernación”
La responsable de la Dirección de Recursos Humanos, fue enfática en afirmar que la Gobernación de Risaralda no es responsable de adelantar un proceso de auditoría o verificación de los documentos que entrega la persona para ocupar un cargo directivo o como contratista, porque se debe partir del principio de la Buena Fe.
“La hoja de vida de Función Pública que firma la persona al momento de ingresar a la institución, contiene un ítem en el que se manifiesta por el interesado, que bajo gravedad de juramento, no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en la Constitución Política o en la Ley, especialmente en el artículo 8º. de la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995 y demás normas, lo que está en concordancia con la Buena Fe”, explicó Arcieri.
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