Pereira

Ex policías del Gaula en Risaralda y Caldas condenados a 50 años por secuestro, tortura y homicidio

Los impactantes hechos por los que fueron condenados ocurrieron en el año 2011.

En un fallo sin precedentes, dos excomandantes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) fueron condenados a 50 años de prisión cada uno, mientras que un ex subintendente recibió una sentencia de 49 años. Los cargos se relacionan con un impactante caso de secuestro, tortura y homicidio ocurrido en enero de 2011 en los municipios de Palestina y Manizales, en Caldas.

La teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas y el mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, quienes anteriormente lideraban el Gaula en Risaralda y Caldas respectivamente, enfrentaron la contundente condena. Asimismo, el ex subintendente Jorge Iván Ladino Montoya, exjefe de logística del Gaula de Risaralda, recibió una pena de 49 años.

El crimen, que permaneció impune durante casi 23 años, involucró el secuestro, tortura y asesinato de un hombre. Carrillo Cáceres, en un movimiento estratégico, se trasladó de Pereira a Manizales, donde llevó a cabo el secuestro con la colaboración de Ladino Montoya. La participación de Gañán Rojas se centró en la modificación de su vehículo para dificultar la investigación y en reuniones con Carrillo antes y después del crimen.

Según el director Especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Hugo Tovar Pérez, la víctima fue brutalmente asesinada después de ser secuestrada y torturada. Los familiares de la víctima denunciaron en su momento llamadas extorsivas exigiendo 80 millones de pesos por la liberación, un elemento clave en la investigación.

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Adicional a las penas de prisión, los condenados enfrentan multas significativas, que van desde 18 mil hasta 19 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, y se les impuso la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas. Este fallo marca un hito en la justicia colombiana al hacer que los responsables de este crimen enfrenten las consecuencias de sus acciones después de casi dos décadas de evasión de la ley.

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