ARCHIVO. Extorsión
La investigación, a cargo de una Fiscalía especializada Gaula de la capital risaraldense, reveló que los hoy investigados habrían utilizado las redes sociales para identificar personas residentes en el exterior y, suplantándolos, se presume que simulaban ante sus familiares o amigos que les enviarían unas encomiendas.
Establecido este vínculo, al parecer los miembros de la banda procedían a contactar a los beneficiarios de la mercancía supuestamente enviada, mediante la llamada de un aparente empleado de una empresa transportadora o de la Dian, quien era el encargado de exigir dinero a cambio de evitar una aparente investigación por lavado de activos o narcotráfico, ya que las presuntas encomiendas venían con dinero, joyas u otros elementos no reportados.
Es de suponer que las víctimas habrían accedido a los pagos que oscilaban entre los 10 y 15 millones de pesos para protegerse de un proceso y para salvaguardar a sus familiares, puesto que probablemente los amenazaban con ir a buscarlos a sus residencias porque contaban con todos los datos.
Tras varias semanas de investigación y en diligencias de allanamiento y registro en Bogotá y Pereira, realizadas por el Policía Nacional, el Gaula de la Policía y Gaula Militar, se incautaron 84 Sim Cards de diferentes operadores y 6 teléfonos celulares, así como las capturas de los procesados.
Se trata de Nidia Marlen López Solanilla, Juan David Dimaté Agudelo, Francy Paola Sánchez Corredor y Leidy Marcela Saldarriaga Díaz, quienes fueron capturados en la ciudad de Bogotá, y Luisa Fernanda Londoño Ladino, detenida en Pereira (Risaralda).
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A estas personas el ente acusador les imputó los delitos de extorsión en concurso homogéneo y sucesivo, y heterogéneo con concierto para delinquir agravado con fines extorsivos.
Los detenidos, quienes no se allanaron a cargos, fueron judicializados en audiencias concentradas ante el Juzgado Primero de Garantías de Dosquebradas, que impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los cuatro primeros investigados, y a la restante le concedió la detención domiciliaria.
El fiscal delegado indicó que los hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2020 en los tres municipios risaraldenses señalados, dejando por lo menos 4 víctimas.
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