La acción de la Fiscalía General de la Nación culminó con la captura de cuatro miembros de la red conocida como Themis, quienes operaban en diversas localidades de Risaralda y otros departamentos aledaños. Los detenidos, identificados como Édison Eduardo Muñoz Castro, Dagnover Alirio Culman Ariza, Daniela Pinilla Marín y Wilmer Fernando Hernández, enfrentan graves cargos relacionados con su actividad delictiva.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional ejecutaron diligencias de allanamiento el pasado 26 de julio, capturando a tres de los imputados en sus domicilios en Pereira, mientras que Hernández fue detenido en una vía pública. Esta red operaba en Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Apía y Balboa, además de extender sus actividades a Quindío, Caldas y Norte del Valle.
La red delictiva se dedicaba a realizar préstamos informales cobrando intereses de hasta el 200%. Los deudores morosos eran sometidos a actos de intimidación conocidos como ‘retaques’, que incluían la invasión de sus hogares, escándalos públicos, y la pérdida de pertenencias. En ocasiones, las víctimas enfrentaban multas exorbitantes que podían alcanzar hasta los 15 millones de pesos.
Los investigadores también descubrieron que los miembros que intentaban abandonar la organización eran obligados a adquirir deudas, siendo luego extorsionados. En al menos tres casos, miembros de la red fueron forzados a aceptar estas deudas bajo amenaza.
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Durante las operaciones de captura, Muñoz Castro, Pinilla Marín y Culman Ariza fueron detenidos en sus domicilios, mientras que Hernández fue arrestado en una vía pública. A los detenidos se les imputaron delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado y usura, todos agravados. Adicionalmente, enfrentan cargos por desplazamiento forzado y secuestro extorsivo.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Muñoz Castro, Culman Ariza y Hernández. Pinilla Marín recibió medida domiciliaria.
Además de las capturas, la Fiscalía inició procesos de extinción de dominio sobre bienes valorados en aproximadamente 2.000 millones de pesos, atribuidos a un incremento patrimonial injustificado por parte de los acusados. Estos bienes fueron adquiridos presumiblemente a través de las actividades ilegales de la organización.
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